El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmó ayer que hay un "acuerdo de fondo" con el PP para que no se "cuelen" en las instituciones herederos de la ilegalizada Batasuna a través de la coalición Bildu, pero precisó que la decisión de impugnar las listas corresponde a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía General del Estado.

Rubalcaba llamó a "respetar escrupulosamente las formas" en la aplicación de la Ley de Partidos, un día después de que el coordinador de Justicia del PP, Federico Trillo, anunciase un acuerdo en esta línea entre PSOE y PP.

El ministro afirmó compartir con el PP el objetivo de que no acceda a las instituciones "nadie que no deba estar", aprovechando "vericuetos jurídicos". En esta línea, dijo que la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Ertzaintza están en fase de elaboración de informes, a petición del Ministerio de Interior, y, cuando los terminen, los remitirán a Fiscalía y Abogacía, que serán quienes decidan si hay "causas de impugnación" y analicen las "distintas vías" que ofrece la ley de partidos. La decisión sobre si se aceptan o no las candidaturas corresponde al Supremo y, en caso de recurso, al Constitucional.

"Hemos examinado con el PP las distintas fórmulas, pero al final no será el PP ni el PSOE ni el Gobierno quien decide cómo se hacen las cosas, sino el Fiscal y el Abogado del Estado y finalmente el Supremo", sentenció.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aseveró ayer que su partido nunca acordará con el Gobierno ningún pacto que permita a ETA o a su entorno llegar a las elecciones y formar parte de las instituciones, puesto que si ése es el fin, "no hay negociación ni diálogo posibles".

Mientras, el PNV pidió al Gobierno del PSOE que aclare públicamente si tiene un pacto con el PP, algo que Nafarroa Bai calificó de "surrealista".

Entre tanto, Izquierda Unida reclamó al Gobierno que no se deje arrastrar por la estrategia ilegalizadora del PP" y la propia Bildu aseguró que está siendo víctima de una "persecución política inédita" y denunció que el Ejecutivo y el PSOE están actuando contra ellos "al compás" de los exministros de los gobiernos de José María Aznar.