El magistrado instructor del "caso Gürtel", Antonio Pedreira, adelantó ayer que el juicio de esta causa que arrancó en febrero de 2009 tras destapar una supuesta red de corrupción se celebrará después de las elecciones al estar terminada la prueba que sustenta las acusaciones.

Por primera vez, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) habló sobre el procedimiento y manifestó que "cree que se terminará la legislatura y se celebrará el juicio a continuación". "Hay mucha prueba y está terminada", apostilló.

Mientras, la mayoría de los abogados personados en el caso consideran precipitado y prácticamente "imposible" que el juicio pueda celebrarse después de las elecciones locales y autonómicas del 22 de mayo. En este sentido, alegan que quedan temas "por instruir" y declaraciones de algunos empresarios imputados de "algunas localidades madrileñas".

Por otro lado, Pedreira aseguró estar contento con su instrucción y respaldó la decisión del Tribunal Supremo de sentar en el banquillo al juez Baltasar Garzón por las escuchas autorizadas en prisión entre los abogados y los principales imputados en el caso.

Al respecto, puntualizó que le parece "muy bien lo que hace el Supremo". "Estoy de acuerdo con el Supremo, con su actuación", argumentó al tiempo que precisó que confía en los tribunales, por lo que "si es inocente, y presumo de su inocencia, los tribunales se pronunciarán", subrayó.

El abogado Ignacio Peláez, que fue quien denunció a Garzón por presuntas irregularidades en las escuchas del caso, apuntó que el juicio contra el exmagistrado de la Audiencia Nacional puede celebrarse "antes y separadamente" del de la trama de corrupción porque "no tiene nada que ver".

En otro contexto, Pedreira mantuvo la imputación por un delito de blanqueo de capitales al exconcejal del PP en Estepona (Málaga) Ricardo Galeote y al empresario José Luis Ulibarri. Además, la Fiscalía Anticorrupción se opuso a que se tome declaración a la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Mato, a instancias del PSM al asegurar que el delito de cohecho impropio del que se le podría acusar estaría prescrito al corresponder a regalos recibidos de la trama corrupta de 2003 a 2004.