La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ha dejado en libertad al ex miembro del ''comando Madrid'' de ETA Antonio Troitiño, es el mismo tribunal que autorizó la salida de la cárcel del ex secretario general de LAB Rafa Díez Usabiaga para que cuidara de su madre y a la etarra Elena Beloki para que se sometiera a un tratamiento de fecundidad.

El tribunal, presidido por el juez Alfonso Guevara, avaló en junio de 2010 la puesta en libertad de Díez Usabiaga, que fue acordada por el juez Baltasar Garzón en contra del criterio del fiscal, al considerar que estaba "cumpliendo acabadamente" con todas las medidas cautelares que se le habían impuesto y que la necesidad de que cuiadara o no a su madre tenía "un valor relativo".

La resolución, de la que fue ponente en este caso el juez Guillermo Ruiz Polanco, sostenía que Usabiaga, procesado por integración en ETA por su participación en el proyecto ''Bateragune'', había mantenido su "disponibilidad judicial en un periodo de casi dos meses", al tiempo que destacaba que su madre padecía una enfermedad que le obligaba a estar "recluida en su domicilio".

En junio de 2008 la Sección Tercera también concedió la libertad bajo fianza de 6.000 euros a la etarra Elena Beloki, que cumplía una condena de 13 años de cárcel por su partenencia a XAKI (el aparato internacional de ETA), para que pudiera someterse a un tratamiento de fecundidad en un hospital de San Sebastián.

En octubre de ese año, la Sección Tercera --integrada por Alfonso Guevara, Guillermo Ruiz Polanco y Ángeles Barreiro-- desestimó un recurso de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que alegó que había transcurrido el tiempo suficiente para llevar a cabo el tratamiento, y acordó mantener su situación de libertad con medidas cautelares.

FOTOS DE PRESOS Y ''TXAPOTE''

El tribunal presidido por Guevara también acordó en octubre de 2010 la absolución de cuatro miembros de la comparsa ''Txori Barrote'' para los que la Fiscalía solicitaba 18 meses de cárcel por un delito de enaltecimiento del terrorismo, tras exhibir fotografías de presos etarras durante las fiestas de Bilbao.

La sentencia, de la que fue ponente la juez Clara Bayarri y que fue recurrida por el Ministerio Público ante el Tribunal Supremo, argumentaba que los acusados no pretendían "menospreciar o vilipendiar a las víctimas" ni justificar sus acciones terroristas, sino reivindicar su acercamiento a las cárceles próximas al domicilio familiar".

La Sección Tercera también fue la responsable de absolver en julio de 2010 al ex jefe militar de ETA Javier García Gaztelu, ''Txapote'', por ordenar al ''comando Vizcaya'' un atentado frustrado contra dos guardias civiles que se produjo en enero de 2000 en Bilbao. A pesar de que el fiscal pedía 43 años de cárcel, el tribunal le condenó a ocho por entregar a los miembros del ''comando'' los explosivos con los que intentaron perpetrar la acción.

La resolución, de la que fue ponente Ruiz Polanco, justificaba la absolución de ''Txapote'' de dos delitos de asesinato en grado de tentativa y otro de falsedad documental argumentando que se limitó a facilitar "objetivos genéricamente señalados" a los miembros del ''comando'' aunque "ni siquiera por aproximación" dio órdenes "de algún modo concretas" sobre el atentado de Bilbao.

14 ABSUELTOS POR ''KALE BORROKA''

En enero pasado el mismo tribunal también exoneró por falta de pruebas a 14 acusados de actos de ''kale borroka'' ocurridos en San Sebastián entre 1996 y 2000 que se enfrentaban a penas de entre 4 y 12 años de cárcel por los delitos de colaboración e integración con organización terrorista y depósito de sustancias inflamables.

Durante este juicio, Guevara se enfrentó a gritos con el abogado ''abertzale'' Zigor Reizabal, al que pidió investigar después de que éste abandonara la sala de vistas alegando que él y sus compañeros no habían preparado el procedimiento porque habían alcanzado una conformidad con el fiscal que finalmente no llegó a producirse.

Entre las absoluciones acordadas por la Sección Tercera también se encuentran las de Arkaitz Agote Cillero (octubre de 2008), para el que se pedían ocho años de cárcel por colocar una bomba en los juzgados de Zarautz (Guipúzcoa) en 2005; o la de Haymar Altuna (enero de 2011), que se enfrentaba a la misma petición fiscal por esconder explosivos y armas para un ''comando'' que pretendía atentar en la costa levantina en 2004.