La Fiscalía Anticorrupción considera que el Tribunal Superior de Justicia valenciano es competente para investigar una supuesta trama de financiación irregular del PPCV relacionada con la red "Gürtel", que se debería unir a la causa por cohecho impropio que afecta a miembros del Gobierno autonómico.

En sus alegaciones a la inhibición planteada al respecto por el Tribunal Superior de Justicia madrileño, estima que, por razones de aforamiento, el Tribunal valenciano debe investigar, entre otros, al vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, y al diputado autonómico Ricardo Costa por un supuesto delito electoral vinculado a los comicios autonómicos de 2007 y generales de 2008.

También considera que podría haber delitos contra la Administración Pública, en los que podría haber participado la presidenta de Les Corts Valencianes, Milagrosa Martínez, y el exdirector de Radiotelevisión Valenciana Pedro García.

Según la Fiscalía Anticorrupción, la competencia del Tribunal valenciano debería "extenderse" a las personas no aforadas que participan en estos posibles delitos, entre las que figuran los principales cabecillas de la trama "Gürtel", Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez "El Bigotes".

Además, es favorable a la "valoración conjunta" de esta causa y la de posible cohecho impropio por el regalo de prendas de vestir a miembros del PP de la Comunitat Valenciana (PPCV) y del Gobierno valenciano, en la que figura como imputado el president de la Generalitat, Francisco Camps, entre otros.

Al principio se especuló con que Camps quedara excluido de este caso. De hecho, la portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, afirmó poco después de que surgiera la noticia que la imputación al president de la Generalitat, Francisco Camps, de un delito de financiación irregular del PPCV era "tan inconsistente" que el Fiscal Anticorrupción "no ha tenido más remedio que excluirlo".

No obstante, horas más tarde, el órgano judicial aclaró que, aunque no se mencione en el escrito de alegaciones, Camps no queda excluido entre las personas que podrían haber incurrido en presuntos delitos electorales, de falsedad en documento mercantil y contra la Hacienda y administración pública.

Ante esta situación, el portavoz del grupo socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, aseguró que "no son tres trajes".

En este sentido, recalcó que el escrito hecho público por la Fiscalía "demuestra que la campaña del PP que llevó a Francisco Camps a la Presidencia de la Generalitat se cimentó sobre un grave delito y el mayor fraude electoral de nuestra historia democrática".

Del mismo modo, Luna está convencido de que Camps "no destituirá a ninguno de los cargos de su Ejecutivo imputados por el juez porque sabe que en su testimonio radica la prueba fundamental que lo condenará".

Entre tanto, el portavoz de Compromís en Les Corts, Enric Morera, sentenció que el "cerco de la justicia a los corruptos se estrecha cada vez más".

Mientras, el PP solicitó la comparecencia del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en el Congreso de los Diputados para que explique "detalladamente por qué está persiguiendo al PP utilizando las herramientas del Estado", según informaron fuentes "populares.