El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, ha negado que el Tribunal de Cuentas encontrase "irregularidades" en la adjudicación de contrataciones del Observatorio de la Violencia de Género y ha explicado que se trata de "incidencias en la contratación" que "son habituales en la Administración cuando se trata de contrataciones menores".

Jáuregui ha respondido así a preguntas de la portavoz en materia de Igualdad del Grupo Popular, Susana Camarero, quien durante la sesión de Control al Gobierno en el Congreso, ha afirmado que lo que para su partido "es un tema de tal gravedad que exige responsabilidades políticas" para el Ejecutivo "merece felicitaciones, medallas y secretarías de Estado".

Camarero ha lamentado "que la gestión en la violencia de género se vea salpicada por estas irregularidades". "Hablamos de los brazaletes para maltratadores, del teléfono de información 016, de los convenios de colaboración entre distintos ministerios, de la contratación de personal. Qué verguenza señoría", ha dicho la diputada.

Por su parte, el ministro ha recordado que el informe del Tribunal de Cuentas "no habla en ningún momento de irregularidades en relación con el Observatorio, lo que dice es que se han producido determinades incidencias en la contratación, por otra parte, habituales en la Administración cuando se trata de contrataciones menores".

Asimismo, ha incidido en que el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, del que depende el citado Observatorio, vinculado a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, "ha remitido las alegaciones competentes" al informe, que "es un borrador" y, que en todo caso, "va a cumplir rigurosamente las exigencias administrativas en la contratación".

El Tribunal de Cuentas emitió un informe el pasado mes de febrero en el que señalaba haber detectado múltiples "deficiencias" en los contratos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género en los años de 2008 y 2009, con Miguel Lorente al frente y con Bibiana Aído como ministra de Igualdad. Entre otras, se reseñaba que en 2008 los órganos de contratación "no utilizaron, como regla general, el procedimiento abierto como procedimiento de adjudicación" pese a ser el que la Ley de Contratos fija como ordinario.