La Fiscalía dio ayer su visto bueno a que el juez Pablo Ruz, que investiga el "chivatazo" con el que se alertó a ETA de una operación policial contra su red de extorsión en 2006, identifique a los usuarios de tres teléfonos de la Subsecretaría del Interior desde los que se hicieron llamadas a los tres imputados en esta causa.
A pesar de que la Fiscalía pidió en octubre de 2009 al juez Baltasar Garzón el archivo de esta causa, ahora no pone trabas a la práctica de las nuevas diligencias solicitadas hace dos días por Dignidad y Justicia, al considerar que "no pueden ser consideradas como impertinentes o inútiles", "aún cuando se han practicado a instancias del Ministerio Público las diligencias esenciales para el esclarecimiento de los hechos".
Bautista cree por tanto procedente identificar a los usuarios de esos teléfonos, "aunque el equipo investigador no haya considerado relevantes para la averiguación de los hechos las llamadas recibidas y/o efectuadas por y desde esos teléfonos, hasta el punto de no mentarlas en sus imputaciones".
Dignidad y Justicia hizo esta petición al observar que en el informe del 23 de enero de 2007 sobre el tráfico de llamadas entre el 3 y 4 de mayo de 2006 (cuando se produjo el "chivatazo") de los tres imputados en esta causa -el ex director de la Policía Víctor García Hidalgo; el jefe superior de Policía del País Vasco y un inspector de la Brigada de Información de Álava- no quedaban reflejadas las llamadas desde esos teléfonos.
Una vez identificados los usuarios de esos teléfonos, la asociación, que ejerce la acusación popular en esta causa, pedía que el juez les citara para tomarles declaración, extremo sobre el que el fiscal no se pronuncia.
Lo que sí apoya el fiscal es que se cite a declarar al autor de un informe del 15 de mayo de 2006, el comisario jefe accidental de la Unidad Central de Inteligencia (UCI), que, según Dignidad y Justicia, hizo constar que, el 3 de mayo, el jefe del equipo conjunto de investigación, Carlos Germán, "fue reticente en diversos momentos" a llevar a cabo la operación que se desbarató por el "chivatazo" porque "era una operación que conllevaba riesgos políticos dada la tregua de ETA".
Tampoco se opone a que la Policía informe al juez de si existe otra investigación a cargo de la brigada de régimen interior, "aunque debe hacer constar que el equipo investigador es el que ha investigado los hechos".