La ministra de Defensa, Carme Chacón, anunció ayer que España y EEUU han llegado a un acuerdo para modificar el Convenio de Cooperación en materia de Defensa, que establece nuevas condiciones sobre permisos de vuelos y escalas de aeronaves estadounidenses y almacenamiento de explosivos en suelo español.

Así lo desveló Chacón durante una interpelación planteada en el pleno del Congreso por el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, que perseguía conocer la posición del Gobierno sobre el Convenio de Cooperación para la Defensa entre España y EEUU, firmado el 1 de diciembre de 1988 y revisado por el Protocolo de 10 de abril de 2002, que expira el 12 de febrero, y que se prorroga automáticamente por periodos de un año.

Tras afirmar que España ni ha denunciado ni ha pedido su prórroga, Chacón aclaró que este Convenio no tiene nada que ver con los supuestos vuelos de la CIA sobre España con presuntos terroristas a Guantánamo y que el Gobierno ha puesto en manos de la Justicia todos los documentos requeridos.

La ministra reconoció que el Gobierno, convencido de la necesidad de modificar y renegociar el Convenio, llegó el 12 de enero a un acuerdo con la Administración Obama para modificar tres de los puntos establecidos en el Protocolo: las autorizaciones de vuelos y escalas, el almacenamiento de explosivos y la protección medioambiental.

En cuanto a las autorizaciones, la ministra precisó que a partir de ahora se prohíben los repostajes en vuelo de los aviones sobre territorio español y se establece que la solicitud de un vuelo se hará con siete días de antelación y con una información más detallada del mismo. Con esta condición se pretende, según Chacón, ampliar la seguridad del espacio aéreo español y tener más información sobre la actividad de los vuelos de aeronaves estadounidenses.

Respecto al almacenamiento de explosivos y municiones se refiere a las bombas de racimo, prohibidas en España, y la necesidad de una información más detallada por parte de las autoridades estadounidenses.

También EEUU deberá comunicar, de forma más específica que hasta ahora, las medidas que aplica en materia de protección ambiental en las instalaciones militares de uso conjunto.

Las nuevas condiciones que establece el Convenio, que regula la presencia de tropas estadounidenses en las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla), entrarán en vigor el 1 de febrero, según explicó la ministra.

Chacón resaltó que el acuerdo con EEUU ha sido un trabajo difícil, pero que resultó más sencillo con la Administración Obama.

Por su parte, Llamazares, calificado la modificación de "positiva, parcial e insuficiente" y cuestionó la fórmula jurídica para prorrogar el convenio, modificándolo.

Previamente, Llamazares había denunciado que los beneficios que recibe EEUU de este convenio "superan con creces los que obtiene España". "No existe reciprocidad entre las partes. Mientras EEUU tiene unos 8.000 efectivos y dos bases militares en España, España no tiene nada en Estados Unidos", denunció.

Negociación realista

En su opinión, el convenio "ha envejecido y es anacrónico" y por eso "resulta incoherente que el Gobierno de España consienta que EEUU utilice el territorio español para realizar misiones militares que las propias fuerzas militares españolas no tienen autorizado, tal y como sucedió con el uso de las bases españolas para desencadenar la guerra ilegal contra Irak".

Por ello, el diputado de IU planteó la necesidad de "afrontar una negociación realista" sobre algunos aspectos del convenio que "afectan a los intereses y a las capacidades y el derecho interno" de España.

Llamazares se mostró "satisfecho" por los cambios relativos a las autorizaciones de vuelos, ya que el sistema actual ha traído "malas consecuencias", y planteó "dudas" a las modificaciones sobre explosivos y municiones, porque los sistemas de control resultan "muy poco eficaces", aunque considera que los compromisos son "importantes".

Además, llamó la atención sobre otro asunto, que fue introducido en el protocolo aprobado en 2002 para modificar el convenio, relativo a la actuación de los servicios de investigación criminal naval y de la fuerza aérea estado-unidense en territorio español y que, según ha dicho, se encuentran en un "limbo legal y al margen del control judicial y parlamentario de los españoles".