Los sindicatos policiales se felicitaron ayer por la decisión del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz de ordenar nuevas diligencias en el llamado "caso Faisán" sobre el supuesto "chivatazo" a ETA, ya que creen que así se podrá llegar hasta el final y esclarecer los hechos ocurridos en 2006.
Así lo manifestó el portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José María Benito, que calificó como "digna de elogio" la decisión del magistrado, ya que en su opinión es importante "evitar cualquier sombra de duda".
Por su parte, la Unión Federal de Policía (UFP) se felicita en una nota por que el juez haya decidido no archivar la causa, como solicitó la Fiscalía, y "por fin alguien quiera ver la luz en el caso Faisán".
El juez Pablo Ruz, que investiga el supuesto "chivatazo" con el que se alertó a ETA sobre una operación policial contra su red de extorsión en 2006, ordenó el lunes nuevas diligencias, entre las que pide a la Policía más datos sobre la cadena de custodia de la cinta que grabó en el bar Faisán de Irún.
Desde el SUP, Benito valoró este nuevo paso en la investigación por "salud democrática" y para que el trabajo de las fuerzas antiterroristas "no quede empañado" por actitudes "particulares o dirigidas desde el punto de vista político".
No obstante, este sindicato policial mostró su preocupación porque la resolución judicial coloque a algunos policías en la disyuntiva de tener que facilitar la identidad de su informador dentro de ETA para que su versión de los hechos resulte creíble, lo que a su juicio podría "poner en riesgo su vida".
El portavoz del sindicato pidió al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil que colaboren con el juez para esclarecer los hechos lo antes posible.
La UFP, por su parte, trasmitió su enhorabuena al magistrado de la Audiencia Nacional por su resolución, con la que afirmó que se ha superado "la negligencia" del juez Baltasar Garzón, de la Fiscalía y del Ministerio del Interior.
Por su parte, la asociación Dignidad y Justicia pidió ayer al juez Pablo Ruz que identifique tres teléfonos "titularizados" desde la Subsecretaría de Interior desde los que se hicieron llamadas a los tres imputados en esta causa.
La asociación, que hace esta petición después de que el magistrado de la Audiencia Nacional ordenara el lunes nuevas diligencias en contra del criterio de la Fiscalía, solicita que, cuando sean identificados los usuarios de esos teléfonos de la Subsecretaría de Interior, entre el 1 de mayo de 2006 y el 16 de septiembre, sean citados a declarar.
En su escrito al Juzgado, Dignidad y Justicia considera que en el informe del 23 de enero de 2007 sobre el tráfico de llamadas entre el 3 y 4 de mayo de 2006 de los tres imputados en esta causa no quedan reflejadas las llamadas desde esos teléfonos.