El presidente catalán, Artur Mas (CiU), se avino ayer a "hablar con el Estado" para pactar políticas conjuntas destinadas a frenar un déficit que, en el caso de Cataluña, calcula que será dos o tres veces mayor de lo previsto, podría llegar al 3,6% del PIB y no cumplir las previsiones.

En su primera rueda de prensa como presidente de la Generalitat tras la reunión del Consell Executiu, Mas advirtió de que las comunidades autónomas "podrán cumplir mejor o peor" la estabilidad financiera "si el Estado centrifuga el déficit a las autonomías", administraciones que, recordó, "gestionan la sanidad, la educación, la ley de dependencia, los servicios sociales, la vivienda, el transporte y las políticas de bienestar en general".

"Tenemos que hablar con el Estado de políticas conjuntas para frenar el déficit", aseveró Mas, que anunció ayer un "ajuste general" de las partidas de la Generalitat de al menos dos años para intentar estabilizar las cuentas catalanas a partir del 2013 y, así, garantizar a medio plazo las políticas sociales del bienestar.

En el terreno del autogobierno, Mas recordó que el Tribunal Constitucional recortó en gran medida el contenido del nuevo estatuto catalán, pero "hay una parte del Estatut que está vigente y todo lo que podamos aprovechar lo aprovecharemos".

Reducción de altos cargos

Por otra parte, el Gobierno de Mas aprobó ayer una reducción de los altos cargos del 23%, pasando de 177 a 136, lo que supone minimizar "el aparato más político" de la estructura. Esta reducción se suma al recorte ya realizado de 15 a 12 consejerías ya aprobado y su objetivo es cumplir con su compromiso electoral de ser austeros desde el inicio de la legislatura, según anunció el presidente.

En el campo económico, Artur Mas aseguró que según las primeras estimaciones, el déficit de la Generalitat en 2010 puede alcanzar los 7.800 millones de euros, más del doble de lo pactado. Ante el dato, el presidente quiso dejar claro que la situación financiera del Govern es "delicada pero superable".

Así, Artur Mas explicó que la reducción de un 23% de altos cargos aprobada ayer supone minimizar el aparato "más político" de la estructura del Gobierno catalán, ya que había cargos prescindibles, y recordó que esta decisión cumple con su compromiso electoral de adelgazar la administración entre un 20 y un 25 por ciento de golpe, dijo.