El Pleno del Congreso aprobó ayer una moción pactada entre PSOE, PP y Unión Progreso y Democracia (UPyD) en la que se insta al Gobierno a dejar claro a los herederos de Batasuna que para ser legales no bastará con que presenten un programa en el que condenen a ETA, sino que sus miembros deberán renegar de la banda terrorista en sus actos y tomas de posición. El texto salió adelante con la abstención de CiU, PNV, ERC-IU-ICV, el Bloque Nacionalista Galego y Nafarroa Bai.
El acuerdo se fraguó en torno a la moción consecuencia de la interpelación que la diputada de UPyD, Rosa Díez, dirigió el pasado 1 de diciembre al vicepresidente y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. PSOE y PP enmendaron el texto original y finalmente los dos partidos mayoritarios aceptaron incorporar a su enmienda conjunta otras aportaciones de Díez.
Así, el texto aprobado insta al Gobierno a tener siempre presente la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de junio de 2009, donde se especifica que "los estatutos y programa de un partido político no pueden ser tomados como único criterio para determinar sus objetivos e intenciones", sino que "es preciso comparar el contenido de dicho programa con los actos y tomas de posición de los miembros y dirigentes del partido en cuestión".
Con la vista puesta en las elecciones municipales de 2011, la Cámara Baja también pide al Ejecutivo que continúe aplicando la legislación y la doctrina del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, "para evitar que formaciones políticas ilegales o quienes justifican o apoyan la violencia terrorista puedan utilizar cualquier tipo de vía para, fraudulentamente, concurrir a futuros procesos electorales y obtener representación institucional".
"A tal efecto, el Gobierno tendrá dispuestos los medios necesarios para aplicar de forma inmediata las reformas legales que están en tramitación en el Parlamento y que tienen la finalidad mencionada", según indica el documento.
Las tres formaciones también solicitan al Gobierno que vele para que "no entren en las instituciones democráticas partidos políticos o formaciones que sustenten un proyecto político incompatible con el Convenio para la protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales".
Víctimas del terrorismo
En la misma línea, le demandan que "vigile" la aplicación estricta de la jurisprudencia "especialmente en cuanto a los requisitos exigidos a los partidos políticos, coaliciones y federaciones de partidos y agrupaciones de electores, para concurrir a las elecciones". Es en este contexto, en el que se recoge la exigencia de que se tenga "siempre presente" la citada sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de junio de 2009.
Además, se emplaza al Ejecutivo a seguir "combatiendo" a todo "el conglomerado" de ETA a través de una política antiterrorista integral, a impedir, en colaboración con el Gobierno vasco, todo tipo de actos de apoyo al terrorismo y a evitar que la banda goce de "cualquier tipo de impunidad en países extranjeros".
La moción incluye un llamamiento al Gobierno destinado a reforzar el compromiso con las víctimas del terrorismo y a seguir afianzando "la unidad de las fuerzas políticas democráticas en torno a una política antiterrorista ".
Durante su intervención, Díez agradeció la disposición al diálogo de los dos grupos mayoritarios e interpretó el acuerdo como "un paso más en la lucha de los demócratas hacia la derrota definitiva e incondicional de ETA".