El Gobierno espera ahorrar 2.000 millones de euros al año con el cuarto paquete de medidas de su legislatura para reducir las cargas administrativas de las empresas, informó hoy la secretaria de Estado para la Función Pública, Consuelo Rumí.

Durante su intervención en el Encuentro Nacional de Ventanillas Únicas Empresariales, Rumí indicó que este paquete de medidas será aprobado "próximamente" en un Consejo de Ministros.

Asimismo, destacó que hasta 2012 el Ejecutivo pretende reducir un 30% las cargas administrativas para ahorrar 4.500 millones de euros al año, un porcentaje superior a las recomendaciones de la Unión Europea (UE), que sugería un recorte del 25%.

En el marco de este ahorro, la secretaria de Estado para la Función Pública subrayó la labor que desempeñan las Ventanillas Únicas Empresariales (VUE), un servicio impulsado por las tres administraciones junto a las Cámaras de Comercio para asesorar y tramitar a las empresas.

Según los datos oficiales, entre 1999 y 2010 se crearon a través de las VUE 80.000 empresas, que generaron 100.000 puestos de trabajo, al tiempo que atendieron 310.000 consultas.

Consuelo Rumí recordó las "continuas mejoras" que se incorporan a este modelo, como la posibilidad de utilizar el Documento Único Electrónico (DUE) para poner en marcha empresas individuales por vía telemática.

En este sentido, resaltó que en 2011 se desarrollará la figura de la habilitación de empleados públicos, que permitirá a un sólo funcionario representar a un ciudadano ante las distintas administraciones, rompiendo así con "la tradicional separación competencial".

También mostró su voluntad de optimizar el número de empleados públicos complementando la labor de los funcionarios con videoconferencias y otras herramientas electrónicas.

A juicio de Rumí, todas estas medidas sirven para acabar con la administración del "vuelva usted mañana" o la de "le falta a usted un documento".

Por su parte, el presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Javier Gómez Navarro, indicó que su organismo tiene una "obsesión" con mejorar los servicios públicos y lamentó que no exista "suficiente conciencia" de que todas las leyes cuestan dinero.

Por este motivo, pidió la creación de una oficina especializada en determinar qué leyes son imprescindibles y otra que adjunte a cada proyecto de ley un informe sobre su impacto real en la economía, ya que, de momento, sólo se elabora un informe sobre su efecto en el gasto público.