El fiscal Anticorrupción de Alicante cree que la alcaldesa de la capital, Sonia Castedo (PP), debe ser imputada dentro de la operación "Brugal" por beneficiar al constructor Enrique Ortiz, aunque ésta negó las acusaciones de trato de favor y las contextualizó en la precampaña electoral.
Arropada por el equipo de gobierno local, Castedo realizó una comparecencia sin preguntas y repartió una copia del escrito dirigido por el fiscal, Felipe Briones, al juzgado número 3 de Orihuela (que lleva el "caso Brugal"), donde a partir de informes policiales se enumeran supuestos delitos de la alcaldesa por su actuación con Ortiz, además de constructor dueño del Hércules CF.
Concretamente, el escrito del 17 de junio de 2010 del fiscal propone que se impute a la alcaldesa por la presunta revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho.
El documento de Briones facilitado por Castedo apunta a que ésta dio "en gran cantidad de ocasiones" información privilegiada a Ortiz en relación al nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), producto de lo cual el planeamiento se diseñó "a la medida" del empresario en "aspectos relevantes".