Al Gobierno no le consta el secuestro de un pesquero

Un pirata informó a la agencia de noticias Reuters de que habían capturado un pesquero de nacionalidad española cerca de las costas de Somalia. Sin embargo, fuentes gubernamentales indicaron que no tienen indicios de que el barco secuestrado sea español y que se trabaja sobre una hipótesis "muy endeble". Un pirata somalí, identificado como Ibrahim, llamó ayer domingo por teléfono a la agencia de noticias Reuters para informar de que han capturado un pesquero español cerca de las costas del país africano. "Mis hombres han capturado un pesquero español en el Océano Índico. Están a bordo y a salvo", afirmó.

QUERELLAS

El CGPJ está pendiente del juicio oral a Gazón

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidirá sobre la suspensión cautelar de Baltasar Garzón en cuanto el magistrado del Tribunal Supremo (TS) que instruye la causa contra el juez por investigar los crímenes del franquismo, Luciano Varela, acuerde la apertura del juicio oral contra éste. Varela tiene que decidir si abre juicio oral a Garzón o dicta su procesamiento, después de que la sala de lo penal del TS le diera el pasado jueves luz verde para que el juez de la Audiencia Nacional se siente en el banquillo acusado de un delito de prevaricación. Según fuentes del órgano de gobierno de los jueces, cuando Varela dicte su resolución, la comisión permanente del CGPJ podría acordar ya la suspensión de Garzón, aunque el presidente del Consejo, Carlos Dívar, también podría decidir abocar este asunto a pleno, incluso extraordinario.

torrubiA

La alcaldesa dimite al recibir amenazas de muerte

La alcaldesa de Torrubia de Soria, María de los Ángeles Delso (PP), cargo que ha desempeñado durante los últimos quince años, ha dimitido al recibir en las últimas semanas amenazas de muerte por promover la candidatura de su municipio al Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos que proyecta el Gobierno central. Delso ha confirmado la presentación formal de su dimisión al recibir varias amenazas telefónicas de muerte, de un comunicante sin identificar y realizadas desde una cabina pública, que no quiere denunciar "porque sería todavía peor". "Creo que no merece la pena llegar a estos extremos. Prefiero cortar y ya he dimitido", manifestaba la regidora de este municipio soriano de algo menos de un centenar de habitantes que buscaba con el ATC una oportunidad de empleo y desarrollo.