La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Jueces para la Democracia consideraron ayer que el Gobierno central "tiene que mover ficha" y formalizar "un tratado internacional u otro documento" que permita extraditar a los dos piratas somalíes capturados tras el secuestro del atunero "Alakrana" en aguas del Índico.

El presidente de la APM en Galicia, Antonio Piña, comentó que actualmente no se puede extraditar a los corsarios a su país de origen porque no hay un tratado que ofrezca "garantías de que cumplirán la condena". En esta línea, apuntó que es "difícil" que sean trasladados en la actualidad a otro país africano como Kenia porque "no hay un texto legal" que lo permita por ser ciudadanos somalíes.

"Los jueces quieren resolver el problema, pero tienen que tener una vía legal", sostuvo Piña, al tiempo que dijo que debe ser el Gobierno central el que "facilite el camino legal" para que puedan ser juzgados en España y cumplir fuera del país la condena que se les imponga.

Al respecto, el coordinador en Galicia de Jueces para la Democracia, Luis Villares, incidió en que la política exterior del Gobierno español "es la que puede solucionar" la situación del pesquero, por lo que apeló a la "prudencia en todo momento", al tiempo que recalcó que con la firma de un tratado internacional "los plazos serían más cortos". Con todo, dijo que "en un tiempo razonable" la instrucción estará finalizada y se podrá llevar a cabo el enjuiciamiento de los piratas que se encuentran en España.

Entre tanto, el Ministerio de Defensa aseguró ayer que la comisión de coordinación formada por el Gobierno a raíz del secuestro asumió con "total unanimidad" la decisión de traer a España a los piratas Cabdiwelly Cabdullahi "Abdu Willy" y Raageggesey.

Sobre la posibilidad de que la Audiencia Nacional pueda llamar a declarar a los infantes de marina que procedieron a la detención de ambos piratas, indicó que por ahora "no hay nada firme", pero que si la Audiencia Nacional lo ordena, lo ejecutará.

En otro contexto, Santiago Pedraz, que instruye la causa contra los dos presuntos piratas, rechazó ayer retirar la acusación por asociación ilícita que pesa contra "Abdu Willy" para que se le pudiera aplicar la Ley de Extranjería y así ser extraditado, tal como pidió su abogado, Francisco Javier Díaz Aparicio. De este modo, Pedraz alegó que "los hechos objeto de imputación se fijarán en el momento procesal oportuno".

A su vez, el presidente de la Audiencia, Ángel Juanes, defendió ayer la actuación del juez Baltasar Garzón al ordenar trasladar a los piratas detenidos y aseguró que éste desconocía que "existiera intención" de trasladarlos a Kenia.

Por último, el Consejo de Ministros tiene previsto dar luz verde hoy a la tramitación parlamentaria de su última reforma del Código Penal, que crea un nuevo delito de piratería que podría acarrear de 10 a 15 años de prisión.