El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha cursado una comisión rogatoria a China con la intención de interrogar como imputados a ocho responsables políticos y militares del actual Ejecutivo chino -entre ellos tres ministros- por su actuación en los disturbios registrados en el Tíbet en marzo de 2008.

En una providencia, el magistrado requiere a estos dirigentes que manifiesten si desean prestar declaración ante su juzgado o a través de una comisión rogatoria española -encabezada por el propio magistrado- ante un tribunal chino y asistidos por un letrado.

Los ocho querellados son: los ministros de Defensa, Lian Guanglie; el de Seguridad del Estado, Geng Huichang; y el de Seguridad Pública; Meg Jianzhu; el secretario del Partido Comunista Chino en la región autónoma del Tíbet, Zhang Qingli; y el miembro del Politburó en Pekín Wang Lequan.

La investigación también afecta al líder de la Comisión de Asuntos Étnicos, Li Dezhu; el comandante del Ejército de Liberación Popular de Lhasa, el general Tong Guishan; y el comisario político del comando militar de Chengdu, el general Zhan Guihua.

Tres días antes de comenzar los Juegos Olímpicos de Pekín (5 de agosto de 2008), Pedraz admitió a trámite la querella interpuesta por el Comité de Apoyo al Tíbet, la Fundación Privada Casa del Tíbet y Tubten Wahghen Sherpa contra estos dirigentes chinos como presuntos autores de un delito de lesa humanidad por dirigir desde el 10 de marzo un ataque "generalizado y sistemático contra la población tibetana".

Competente

El juez sostiene que la Justicia española es competente para la investigación de estos hechos -que causaron 203 muertes, 1.000 heridos graves y 5.972 desaparecidos- porque podrían ser constitutivos de un crimen contra la humanidad y, en concreto, de lesa humanidad, "dada la supuesta causación intencionada de muerte o lesiones graves, la desaparición forzada, la detención con infracción de las normas internacionales y las torturas".

Además, Pedraz destaca que la población tibetana es un grupo perseguido por las autoridades por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional".

La semana pasada el juez finalizó la última tanda de toma de declaraciones a testigos que comparecieron ante él para relatar sus experiencias, entre los que han acudido el disidente político chino Wei Jingsheng.