La comisión de investigación por la presunta trama de espionaje en la Comunidad de Madrid aprobó ayer, gracias a la mayoría del PP, el dictamen de conclusiones de los populares, en donde defienden que el Gobierno regional no ha amparado ningún espionaje a políticos, por lo que deja el esclarecimiento de los hechos en manos de la Justicia.

Por su parte, el PSOE e Izquierda Unida (IU) señalan, en sus respectivos dictámenes, a la presidenta, Esperanza Aguirre, como responsable de los supuestos actos de espionaje. Además, el PSOE anunció que pedirá amparo al Tribunal Constitucional (TC) por vulneración de los derechos de los diputados en esta Comisión.

En línea con las tesis que los populares han defendido en las cuatro jornadas de comparecencias, el dictamen del Grupo Popular, que pasará al pleno de la Asamblea de Madrid el próximo miércoles, se remonta al Gobierno de Joaquín Leguina para explicar la creación de un equipo de seguridad en la Comunidad, y resalta que el grupo "se potenció" con el Gobierno de Alberto Ruiz Gallardón.

En el mismo sentido que estas conclusiones, el secretario de Comunicación del PP en Madrid, Juan José Güemes, consideró que "se ha desmontado un gran bulo". Y es que, a su juicio, las pruebas son "más que endebles" y cuentan con "falta de solvencia".

Aguirre, señalada

Mientras, el PSOE asevera que "Esperanza Aguirre es la máxima responsable política del asunto del espionaje político" y del "bloqueo al esclarecimiento pleno de los hechos, forzando a un cierre abrupto de la comisión". Los socialistas también piden el cese de Granados, al que acusan de "responsable directo".

No obstante, el PSOE destaca que las conclusiones no pueden darse por definitivas ya que la comisión no ha acabado su plan de trabajo ni ha apurado sus plazos, ya que tiene tiempo para trabajar hasta el 31 de marzo. Por ello, piden que la comisión se reanude de inmediato, "escuchando a los 18 comparecientes que faltan para completar los 29 que han sido admitidos por la propia comisión".

Por último, IU dice que los datos conocidos de los presuntos seguimientos y su "muy mayoritaria coincidencia con las agendas públicas y privadas de los espiados dan credibilidad a la existencia de una estructura organizada para obtener información sobre personas al margen de la legalidad".