El Gobierno tiene previsto enviar al Congreso antes del verano una ley para mejorar el sistema de financiación de los ayuntamientos, según confirmó ayer el portavoz socialista en la Cáma-ra, José Antonio Alonso. El proyecto iría acompañado de otra norma con la que se actualizarían las competencias que los municipios no tienen reconocidas ni pagadas, pero ejercen a diario y de manera efectiva.
El grupo socialista constituyó ayer un grupo de trabajo de acción municipal, compuesto por diputados, senadores y parlamentarios autonómicos y europeos que pretende entregar al Ejecutivo un borrador de lo que deberían ser las leyes de Financiación y Gobierno local.
Alonso, que informó de la iniciativa en el Congreso acompañado de la portavoz del PSOE en el Senado, Carmela Silva, y del responsable socialista de Política Municipal, Antonio Hernando, dijo que los proyectos que aprobará el Gobierno, que podrían tramitarse e incluso aprobarse en el Parlamento este año, persiguen satisfacer las dos grandes demandas de los ayuntamientos: alcanzar la suficiencia financiera y el reconocimiento legal de las competencias que ya ejercen.
Garantizar los fondos
Antonio Hernando indicó, a su vez, que las grandes líneas de la nueva financiación tienen como objetivo que los ayuntamientos tengan garantizados los fondos precisos para desempeñar su labor, que participen en la recaudación de impuestos -corresponsabilidad fiscal-, y que haya lealtad institucional entre las tres administraciones (central, autonómica y local).
En definitiva, señaló, las reformas legales deben asegurar a los gobiernos municipales una mayor recepción de ingresos tanto del Estado como de las comunidades autónomas.
Silva comentó además que la estrategia socialista pasa por que los ayuntamientos "deben tener financiación suficiente para prestar los servicios que realizan y deben tener liderazgo y estar presentes en el debate político".
Los ejes que los portavoces socialistas explicaron que tendrán las nuevas leyes de funcionamiento de las entidades locales coinciden con las demandas que durante años, y de forma especial en los últimos meses, han puesto sobre la mesa los responsables de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).