La incertidumbre sobre el dinero adicional que pondrá el Gobierno en el nuevo sistema de financiación autonómica comienza a inquietar a las comunidades autónomas. El Ministerio de Economía pretende ocultar la cifra definitiva "hasta el final" para evitar una trifulca política que contamine la ya de por sí compleja negociación. Pero su actitud preventiva ha despertado algunos recelos, sobre todo, porque la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, había asegurado que la semana pasada se pondrían las cifras sobre la mesa. Y porque en su lugar lo que hubo fue un encuentro entre Pedro Solbes y el consejero catalán de Economía, Antoni Castells.

En el entorno del secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, echan la culpa de la tardanza, entre otras cosas, a que hasta el pasado miércoles no concluyó la ronda de contactos de José Luis Rodríguez Zapatero con todos los gobernantes autonómicos. En realidad, la cita no deparó novedades que pudieran afectar al documento remitido por Economía el pasado 30 de diciembre a los ejecutivos regionales porque Ceuta y Melilla, los últimos en ser convocados, se benefician de algunos mecanismos de la financiación, pero tienen un régimen distinto.

Aún así, las fuentes consultadas insisten en que los detalles importan y que de detalles se estuvo hablando a lo largo de toda la semana pasada no sólo con Cataluña -la única comunidad que ha presentado oficialmente un listado de alegaciones contra la propuesta gubernamental-, sino, vía telefónica, con todos los consejeros. "La de Castells sólo fue una reunión de trabajo más que ellos quisieron hacer pública", replican.

Las comunidades gobernadas por el PP niegan, sin embargo, haber recibido un trato igualitario. Aseguran que no han tenido contacto alguno con el ministerio a lo largo de estos días. Y no son las únicas que han dejado caer una crítica. El presidente de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, avisó el sábado de que "están faltando reuniones y están sobrando declaraciones". Fácil detectar el reproche bidireccional, hacia el Ejecutivo y hacia sus colegas catalanes, a los que pidió, al menos, un poco más de discreción

El Gobierno tiene en mente abrir en Madrid una nueva ronda de reuniones con los consejeros antes de convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera que debe aprobar el nuevo modelo. Pero esta cita está aún sin confirmar. En todo caso, debería producirse esta semana o a más tardar en la última de enero aunque el lunes y el martes Solbes estará en Bruselas en un encuentro del Eurogrupo.

El tiempo corre en contra, no sólo por la crisis, sino porque el proceso debe estar listo para junio, si no será más compleja su aplicación desde el pasado 1 de enero, como se comprometió el Gobierno.

Por otra parte, el secretario nacional de Comunicación del Partido Andalucista (PA), Alfonso Andrades, manifestó ayer que la negociación de la financiación autonómica es un "caos" porque el presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, "está aquejado del mal de Zelig", en relación a un personaje de la película de igual nombre de Woody Allen.

A juicio de Andrades, el mal consiste en que Zelig "siempre dice lo que el interlocutor quiere oír e incluso adopta el aspecto el discurso y las demandas del interlocutor autonómico".

De este modo, el PA insistió en que el proyecto de financiación autonómica es "insuficiente y arbitrario, ya que no está regulado con rango constitucional ni bajo unos principios generales que inspiren la financiación del Estado de las autonomías, garantizando la igualdad, la solidaridad y la convergencia de éstas".

"Andalucía, con proyectos económicos de este tipo, siempre va a estar en desventaja económica con respecto al resto de autonomías al no contar con poder político andaluz en Madrid. El principio de convergencia es un principio irrenunciable y para ello es necesario pactar no sólo la existencia de fondos de compensación o garantías de solidaridad, igualdad y cohesión, sino también la obligatoriedad para el Gobierno central de distribuir sus presupuestos según criterios de convergencia interna del Estado".