La comisión especial sobre la gestión del servicio de grúas avaló la actuación del Gobierno municipal. Meses de debate y de declaraciones de técnicos y políticos municipales acabaron con un denso informe de 27 páginas en el se relata que la prioridad del gobierno municipal siempre fue preservar un servicio que era imprescindible para la ordenación del tráfico y la seguridad vial. Además, se especifica que el gobierno local trató de buscar soluciones en el marco legal para corregir la posible inestabilidad del servicio debido a la mala situación de la empresa a la que se le había asignado un concurso. El dictamen de la llamada Comisión Grúas acredita también que el Ayuntamiento solicitó un informe jurídico externo a profesionales de la ULL para comprobar y certificar que los pasos que se estaban dando eran los adecuados.

El informe de la Comisión Grúas va desgranando, de forma cronológica, la sucesión de hechos que componen el llamado caso Grúas y pone de manifiesto todos los pasos dados por el Ayuntamiento, con el respaldo de la documentación que obra en el expediente, para evitar que se dejara de prestar el servicio de recogida de vehículos de la vía pública y que la solución se convirtiera en una carga económica para la Corporación local, que vivía en esos momentos las consecuencias de la crisis.

El dictamen establece a lo largo de sus 27 páginas una cronología que abarca un periodo comprendido entre el 6 de octubre de 2003 al 15 de junio de 2017, fecha en la que el Juzgado de Instrucción nº 2 de La Laguna dictó un auto en el que se estableció el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa.

La comisión, que quedó constituida el 11 de mayo de 2016, y en la que participaron concejales de todas las formaciones políticas y grupos municipales, se remonta a 2003 el inicio del expediente en 2003 para gestionar de manera indirecta, mediante concesión, el servicio de retirada de vehículos de la vía pública que hasta ese momento realizaban seis operarios municipales con la ayuda de dos grúas, lo que no cubría las necesidades del municipio y era fuente continua de quejas entre la ciudadanía. El coste de la concesión recogida en los pliegos se cifró en 892.139,07 euros/ años y dicha adjudicación cubriría un periodo de cinco años. La mesa de contratación valoró el 8 de julio de 2004 todas las propuestas de los licitadores y acordó adjudicar a don José Padilla González (que más adelante constituyó la SL Autogrúas Poli) el contrato que añadió mejoras al pliego, y el 27 de agosto de 2004 se formalizó un contrato por el que mensualmente el consistorio de Aguere abonaba 72.634,67 euros. Los pliegos señalaban claramente que la concesión tenía una duración de cinco años con opción de prórrogas de otros cinco hasta un máximo de 25 años.

El servicio se fue prestando y en 2009 fue acordada la prórroga hasta 2014, pero tras esa prórroga comienzan los problemas y el concesionario vende en abril de 2001 sus acciones a un grupo de trabajadores que, ante el retraso en el pago de las nóminas y la perspectiva de perder su puesto de trabajo, deciden unirse para llevar las riendas de la empresa convencidos de que el servicio era, como lo había sido desde 2005, viable. Sin embargo, este grupo de trabajadores se encuentra con la decisión del Ayuntamiento de revisar las condiciones de la concesión y rebajar el pago anual de los 817.000 euros a 650.000 (es decir, se pasó de pagar 72.634,67 a 54.166,67 euros mensuales). Todo un golpe para los trabajadores.

Así las cosas, el siguiente movimiento lo realizó el concesionario al solicitar la reducción de los medios mínimos obligados exigidos por el contrato debido a que "la demanda del servicio ha sufrido un descenso notable". Su propuesta, con fecha del 16 de febrero de 2013, estaba justificada por el hecho de que el nivel de ocupación medio de una grúa debería corresponderse con 2.400 retiradas al año y, en cambio, el nivel alcanzado en 2012 había sido de 1.365 retiradas. Por este motivo solicitan contar con un gerente, once conductores y tres grúas. El Ayuntamiento, que formaliza la firma del contrato modificado el 24 de mayo de 2013, hace saber a la empresa que presta el servicio de grúas unos problemas que se van a acentuar en los siguientes meses. El principal, además de impagos a los trabajadores, la falta de tarjetas de transporte que denuncia la Guardia Civil y la incapacidad de la empresa, que tiene impagos en Hacienda, para poder obtener esa documentación.

El secuestro de servicio. El 23 de enero de 2014, el eirector del Servicio de Grúas emite un informe en el que asegura que "se tienen indicios suficientes de que la situación económica de Auto Grúas Poli S.L. pudiera hacer peligrar la continuidad del servicio público". Para ello expone que es necesario llevar a cabo unas actuaciones administrativas con carácter de urgencia para evitar la suspensión de un servicio que es vital para la ordenación del tráfico y la seguridad vial. Cinco días después, la Junta de Gobierno Local acuerda adoptar la medida cautelar de intervención y asunción temporal de la ejecución directa del servicio de retirada de vehículos de la vía pública. Una decisión que se adopta "por razones de interés público". En ese punto se designa como interventores municipales a dos funcionarios para que, a partir del 4 de febrero, desempeñen sus funciones.

El 12 de marzo de 2014 los funcionarios trasladan a la Dirección General de Área de Seguridad Ciudadana la necesidad realizar una aportación financiera de 120.000 euros al concesionario como anticipo a cargo de una futura facturación. A pesar de que esta emite un informe favorable el 13 de marzo de 2014, la Intervención General del Ayuntamiento de Aguere formula un reparo (17 de marzo de 2014) al estimar que la propuesta carece de incoación por órgano municipal competente: rechazando que este anticipo pueda fundarse en la legislación de los contratos.

Informes pedidos a la ULL. Ante una posible disparidad de criterios, la asesoría jurídica del consistorio pone en conocimiento de la concejalía de Hacienda la conveniencia de solicitar un informe a profesores de Derecho de la ULL -usando como vía la Fundación General de la Universidad de La Laguna- para ver la posibilidad de conceder el anticipo a una empresa, que el 31 de marzo de 2014 ya dispone de las nuevas tarjetas de transportes tras ser expedidas por el Cabildo de Tenerife.

En abril de 2014 la concesionaria pide la ampliación temporal de la medida de intervención del servicio por parte del Ayuntamiento: los interventores municipales sostienen el 8 de abril que Autogrúas Poli S.L. no se encuentra en condiciones de poder prestar normalmente el servicio de grúas municipal. Dieciséis días después los catedráticos de la ULL remiten sus conclusiones jurídicas.

En los cinco puntos se especifica que la asunción temporal del servicio es una potestad o prerrogativa de la Administración vinculada con el deber de asegurar el funcionamiento del servicio público; que la Administración asume la gestión del servicio por cuenta y riesgo del concesionario que, en su caso, habrá de abonar los daños y perjuicios que recaigan sobre aquella; que la duración de la medida de intervención puede extenderse en tanto no se restablezca el funcionamiento normal del servicio con el límite de la duración del contrato; que, en caso de que para restablecer el funcionamiento normal, la Administración haya de realizar alguna aportación financiera, la vía adecuada es el préstamo a la empresa concesionaria, debiendo contabilizarse en la cuenta 400 "Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto gasto corriente", aplicada al capítulo 8 "Activos financieros" del presupuesto de gastos y que tanto los derechos retributivos futuros del concesionario, como la fianza definitiva constituida, constituyen una garantía de préstamo y de cualquier otra obligación que recaiga sobre el empresario.

El 8 de mayo de 2014 en el pleno del consistorio de La Laguna se estableció el acuerdo para la modificación presupuestaria precisa para la concesión de un préstamo de 120.000 euros a la empresa que presta el servicio de grúas. Este acuerdo da pie a un informe de la dirección del área de Seguridad para la concesión de ese préstamo que es reparada por la Intervención municipal, reparo que son levantados haciendo suyos los argumentos formulados por los catedráticos de la ULL.

El 24 de junio de 2014, finalmente, la Junta de Gobierno Local en base a los informes contenidos en el expediente otorgar esa cantidad de dinero con un tipo de interés del 4% , debiendo restituirse con cargo a las retribuciones futuras de la empresa, con anterioridad a la finalización de la medida cautelar de intervención.

Los interventores municipales, al ver que se acercaba la fecha de finalización de la prórroga y con el objeto de garantizar el servicio, hicieron constar en un informe que "las bases económicas sobre las que se sustenta el servicio y, por lo tanto, la concesión, estaban desequilibradas por las causas sobrevenidas, pero "de lograrse el equilibrio de esas bases económicas mediante una compensación y un reajuste simultáneo de los medios de prestación, la entidad concesionaria estaría en condiciones de continuar con la prestación del servicio con normalidad", pero que dicho informe no estaría terminado con anterioridad a la fecha en que se debía tomar la decisión de prorrogar el servicio.

Durante un mes se intercambian informaciones y datos entre el Director del Servicio, la Dirección del Área de Hacienda, la Dirección del Área de Seguridad y la Intervención General hasta que el 27 de agosto de 2014 el concejal de Seguridad Ciudadana dispone ampliar la prórroga hasta el 27 de agosto de 2019.

Vuelta a la normalidad. Durante los meses siguientes, el Ayuntamiento y los interventores municipales acuerdan reducir los medios obligatorios mínimo que se exigen al concesionario en base a la previsión de lo que recogía el pliego de condiciones y reconociendo además el ahorro para la Corporación ya que, al reducir los medios, se reduce el coste anual que finalmente se sitúa en 480.000 euros.

Ya en diciembre de 2014 acuerda dar por cancelado el préstamo de 120.000 euros más intereses una vez que ha sido reintegrado en su totalidad y en enero de 2016 los interventores municipales informan favorablemente el cese de la medida de intervención temporal del servicio de grúas por entender que el concesionario está en condiciones de prestarlo con normalidad.

Se había logrado evitar que el Ayuntamiento volviera a asumir la gestión del servicio de grúas lo que hubiera supuesto una carga económica -no solo por el coste del servicio sino porque hubiera sido necesario incrementar la plantilla municipal- y además, se logró que el servicio no dejara nunca de prestarse.

En este sentido, obró en base a los cinco puntos que fueron remitidos por expertos en abogacía en los que se confirmaba que la decisión que se estaba planteando, la concesión de un préstamo de 120.000 euros, era legal y, por lo tanto, corregía una situación que estaba generando un conflicto en la ordenación de un servicio fundamental para el municipio creada en el Ayuntamiento de La Laguna para estudiar el funcionamiento del servicio municipal de grúas remitió al juzgado una copia del expediente administrativo y una resolución con fecha del 10 de julio de 2017 a la que ha tenido acceso EL DÍA.