El grupo municipal de Unid@s se Puede en el Ayuntamiento de La Laguna registró hoy un escrito por el que renuncia a las cuantías que les corresponden del aumento de las asignaciones destinadas a que los grupos municipales contraten personal eventual, aprobado en el pleno con los votos de CC, PP y tres de los cinco concejales del PSOE.

Según esta formación política, estas asignaciones aumentan el coste político del Ayuntamiento lagunero, que en la actualidad paga 952.818,48 euros por 27 personas de confianza repartidas entre CC y PSOE.

La modificación presupuestaria aprobó un incremento inicial de 43.750 euros para los seis grupos políticos existentes en la actualidad, que en el 2017 se convertirán en 35.000 euros anuales para cada uno de ellos, en total 210.000 euros del presupuesto del próximo año.

Apunta que el dinero para el abono de esta cantidad proviene de una partida consignada para mejorar las viviendas de San Luis Gonzaga, que no han sido ejecutada.

El portavoz de Unid@s se Puede en el Ayuntamiento de La Laguna, Rubens Ascanio, entiende que es un auténtico escándalo que un municipio que todavía mantiene una deuda millonaria y que además es uno de los más morosos de la provincia se permita una decisión como esta, "promovida por un alcalde que quiere acaparar todo el personal eventual consignado en los presupuestos , que en los anteriores mandatos ha sido usado para Gobierno y oposición".

Agrega que desde el inicio del mandato su grupo se ha opuesto a ampliar el gasto político y por ello demanda que se cumpla el artículo del reglamento municipal que establece que todos los grupos dispondrán de los medios necesarios para el desempeño de sus funciones, incluyendo "un número adecuado de personal adscrito a los grupos y proporcional al número de miembros que lo integren".

Esta medida, según Ascanio, no interesa a Coalición Canaria "con demasiados compromisos laborales por atender entre sus militantes".

En el escrito presentado hoy, Unid@s se Puede reclama que además de no abonar la cantidad, que los 35.000 euros que no recibirán en los próximos presupuestos y los más de 7000 que les corresponderían del último trimestre del año sean destinados a aumentar los recursos para alternativas habitacionales en caso de desahucio y violencia de género.