Una semana después de su constitución, el Ayuntamiento de La Laguna sigue sin concejales con áreas asignadas. El alcalde nacionalista, José Alberto Díaz, no ha acabado de concretar algunas cuestiones, algunas de ellas relacionadas con su socio de gobierno, el PSOE, que se antojan determinantes para que su gobierno sea lo más estable posible.
Según fuentes consultadas ayer, Díaz podría ceder algo más de poder a los socialistas que el que acordó la comisión negociadora de ambos partidos a principios de la semana pasada.
Como se recordará, en virtud del pacto cerrado entre CC y PSOE estos últimos asumirían las áreas que llevaron el pasado mandato (Servicios Municipales, Participación Ciudadana, Turismo, Cultura y Promoción y Desarrollo Local) más Sanidad, Comercio, Mercado y Presidencia y Planificación.
Un reparto que, sin embargo, no agradó a los socialistas laguneros -se han negado hasta ahora a firmar el pacto-, pues no colmaba las aspiraciones con las que habían iniciado las negociaciones para formar gobierno.
Aunque no precisaron con qué área trataría José Alberto Díaz de conseguir un acuerdo definitivo con el PSOE, las fuentes consultadas se refirieron a la de Seguridad Ciudadana y Tráfico como una de las posibilidades. Cabe precisar que durante el pasado mandato fue el propio Díaz el concejal encargado de esta tarea, con asuntos bastante delicados como la situación del servicio de grúas y otros aspectos relacionados con la Policía Local.
Sea cual fuere -si al final se produce la cesión-, el regidor lagunero tendrá que negociar con tacto también con sus compañeros de partido, después de que esta misma semana se hiciera público el reparto provisional de concejalías que pretendía hacer.
En esa distribución, Jonathan Domínguez, responsable de Vías y Obras durante el último mandato, era el encargado de gestionar el área de Seguridad, por lo que habría que buscarle ahora una nueva ubicación.
Según las fuentes consultadas ayer, el regidor lagunero podría retrasar al lunes la asignación definitiva de áreas a sus ediles, diez días después de que se constituyera el ayuntamiento.