Los miembros del comité Local de la organización Sí se Puede en el municipio de La Laguna anunciaron ayer en rueda de prensa que van a presentar un recurso contencioso-administrativo por lo que consideran "una vulneración de los derechos fundamentales" de su concejal, Juan Miguel Mena, recogidos en el artículo 23 de la Constitución española, y en la creencia de que fue nulo el acuerdo tomado el 7 de julio de 2011, por el cual se decidió no constituir el grupo mixto. Los representantes de la asamblea local insistieron en el hecho de que durante el pleno celebrado el pasado jueves "se cometió una nueva arbitrariedad", al querer alcanzarse un acuerdo previo a la sesión plenaria que "implícitamente" -subrayan desde Sí se Puede-, "nos obligaba a renunciar a nuestros derechos políticos a cambio de mantener la asignación económica a nuestro representante". En opinión de esta formación no se puede confiar "en los informes y contrainformes jurídicos que se han presentado en las últimas semanas", cuando la conclusión conduce a que se reconozca "el derecho de una concejala tránsfuga", (Candelaria Marrero) "a recibir un trato equiparable al nuestro", en la persona de Juan Miguel Mena. Desde Sí se Puede sostienen que no van a dar validez "a un acuerdo que se hizo teniendo en cuenta un informe que ahora parece inexistente, a una confianza que ha quedado más que claro que depende de la voluntad o los intereses de un alcalde, no de la razón jurídica".
