La empresa que tiene adjudicada la concesión para el servicio de retirada y almacenamiento de vehículos en La Laguna, Auto Grúas Poli SL, se debate entre impagos a los trabajadores, deudas con la Seguridad Social y un rosario de denuncias.
Esta situación ni desprende seguridad, ni parece que pueda perpetuarse en el tiempo. Al impago de cinco meses de salario a los trabajadores, se suman las deudas que se arrastran con la Seguridad Social y las denuncias ante la Guardia Civil, en la Inspección de Trabajo y en los juzgados por un presunto delito de sustracción de piezas de vehículos y, otro, relativo a la venta irregular de la empresa, que presuntamente contraviene el pliego de condiciones de la concesión administrativa.
En este escenario comienzan a aflorar ciertas diferencias entre los propietarios y los responsables municipales, a quienes esta situación les genera problemas de imagen pública y supone la inestabilidad de un servicio que repercute en el ciudadano.
Lo real es que la "agonía" que padecen los trabajadores de Auto Grúas Poli SL, lejos de conducirse hacia una vía de solución parece no solo estar en punto muerto, sino que amenaza con convertirse en un problema sin marcha atrás posible. En este contexto, los empleados del servicio de grúas reclaman al ayuntamiento que intervenga en el asunto y que lo haga de manera contundente.
Y es que la "asfixia" económica que sufren los empleados se toma ya como algo tristemente "habitual". En el último Pleno, el concejal de Seguridad, José Alberto Díaz, al ser cuestionado por la oposición sobre este asunto, se comprometió a instar a la empresa para que, a finales del mes de noviembre, abonase a los trabajadores al menos tres de las cuatro nóminas atrasadas, pero la realidad es que, superado este plazo, la promesa se ha incumplido y, además, se ha acumulado un mes a la cantidad que ya se adeudaba.
"He vuelto a dirigirme a los propietarios para preguntarles cómo está la situación y les trasladé que, en la mayor brevedad posible, deben hacer efectivo el pago de los salarios", manifestó el concejal, quien señaló a la empresa como responsable de la "relación" contractual con sus trabajadores.
Al respecto, José Alberto Díaz subrayó que "el impago de salarios" no justifica el rescate del servicio, tal y como demandaron los concejales Susana Fernández (PP) y Nacho Viciana (xTf) en la última sesión plenaria, quienes no obstante han solicitado un informe por escrito del Secretario municipal para que avala esta teoría.
Para los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de La Laguna, los "continuados incumplimientos del pliego de condiciones" representan razones suficientes para disolver el contrato. Sin embargo, el concejal de Seguridad afirmó que resultaba imposible incluir una cláusula que obligue a subrogar a los trabajadores, en el caso de rescatar el servicio para posteriormente sacarlo a concurso público.
De fondo, pasa el tiempo y los trabajadores ni vislumbran una salida ni un futuro cierto.