El gobierno de El Rosario difundió ayer la reciente resolución del juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Santa Cruz de Tenerife, que ha desestimado el recurso presentado por la asociación de vecinos Altabaiba, entidad que se opone al proyecto de urbanización de Tabaiba Media y Alta alegando nulidad y caducidad, así como la necesidad de realizar la correspondiente calificación territorial y el estudio de impacto ambiental de una actuación de este tipo.
Según subraya el equipo de gobierno que dirige el socialista Macario Benítez, la juez Flores Esquivias, "tras estudiar los antecedentes de hecho y contemplar los fundamentos de derecho", resolvió desestimar el recurso, aunque deja abierto el plazo reglamentario para la presentación de una posible apelación.
Los miembros de la AAVV Altabaiba sostenían en su recurso que el proyecto de urbanización debía ser declarado nulo por ir en contra del Plan General de Ordenación municipal. Según su visión, las actuaciones están incardinadas "dentro del sistema de obras públicas ordinarias". En su resolución, la juez admite que hay algunas obras que se realizan y denominan como "ordinarias", pero que se incluyen en el proyecto de urbanización, "que no es más que la ejecución y desarrollo de la reparcelación de Tabaiba Alta y Media".
Respecto a la posible caducidad del expediente, el juzgado de lo contencioso considera que, "al no ejercitarse potestades sancionadoras o de intervención y al buscar la producción de efectos favorables para los interesados, no opera la caducidad del proyecto", según resaltó ayer el gobierno municipal.
La desestimación de la necesidad de realizar una calificación territorial y un estudio de impacto ambiental, la sala considera que el informe técnico aportado "concluye que estos informes no son necesarios, pues el proyecto de urbanización no invade suelo rústico, sino que, simplemente, limita con dicho suelo y ha contado con los informes necesarios".
La urbanización de Tabaiba Media y Alta se ha convertido en un polémico asunto desde hace casi un decenio, no solo por la judicialización tras la denuncia presentada, sino por la disputa y controversia política. El principal grupo opositor (IR-Verdes) ya advirtió en su momento de que se había actuado mal desde el ayuntamiento y aún teme que los vecinos tengan que pagar unas obras muy cuantiosas.