La Federación de Asociaciones de Vecinos de La Laguna (FAV Aguere) pidió ayer la supresión de las tasas por los servicios administrativos prestados en los registros de asociaciones, fundaciones canarias, colegios profesionales y consejos de colegios de Canarias, una ley (Ley 4/2012, de medidas administrativas y fiscales) publicada el pasado 26 de junio, que obliga al pago de cualquier gestión que los colectivos legalmente constituidos realicen.

En este sentido, el presidente de la FAV Aguere, Francisco Barreto, aseguró que esta ley "tiene un claro fin recaudatorio" sobre un trabajo que los colectivos hacen de forma desinteresada. Ahora con esto, "no solo no nos dan las subvenciones, sino que encima tenemos que pagar por el asociacionismo y por la participación ciudadana en cualquier ámbito".

El presidente de la federación recordó que las personas de los colectivos trabajan muchas horas con fines sociales que si se tuvieran que pagar costarían una barbaridad y sin embargo no se nos tiene en cuenta".

De hecho, aporta, en la Ley de Asociaciones de Canarias, en su artículo 40, sobre el asociacionismo y la participación ciudadana, dice que "las administraciones públicas deberán promocionar el asociacionismo y la participación ciudadana. Esto es algo que no vemos una vez que han publicado esto en el Boletín Oficial de Canarias (BOE)".

"En el artículo 42 dice que tenemos que presentar anualmente una memoria y la documentación económica y en la propia Ley se habla de Asociaciones Especiales, que dice que éstas, las juveniles, de alumnos, de padres de alumnos, de vecinos, mayores, discapacitados o voluntarios, se les suprime las tasas establecidas por la legislación de la Comunidad Canaria por inscripciones, modificaciones, asociaciones y federaciones. Es decir, que la propia ley nos considera Asociaciones Especiales y que no paguemos tasas y a traición publican el 26 de junio sacan una normativa que nos obliga a pagar unas tasas que son muy costosas, como pueden comprobar", apuntó Barreto.

Por último, no desperdició la oportunidad para pedir que el Ayuntamiento de La Laguna asuma competencias para gestionar el registro del Ejecutivo canario, en lo que respecta a asuntos de colectivos de Aguere.