La polémica sobre posibles irregularidades en el proceso de selección de 31 policías locales del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, que se mantiene paralizado, sigue abierto.

La Asociación Canaria de Defensa de los Derechos de los Opositores denunció los hechos acaecidos durante la revisión de la prueba psicotécnica que se llevó a cabo el pasado 22 de julio.

En la misma, comparecieron múltiples aspirantes acompañados de sus asesores, la mayoría de los cuales son miembros de la mencionada asociación, y fueron advertidos por el tribunal calificador de que "su papel allí era el de meros observadores, prohibiéndoles hablar o preguntar sobre ningún asunto relacionado con la revisión, ordenándoles que se sentaran a distancia de sus asesorados y amenazándolos con la expulsión de la sala en que se encontraban si no actuaban como se les indicaba", tal y como reza el comunicado oficial enviado por la sociedad.

Asimismo, desde la Asociación Canaria de Defensa de los Derechos de los Opositores se explica que "se personaron en el patio aula de formación de la Policía Local varios agentes y procedieron a expulsar del recinto a todos aquellos que allí esperaban en calidad de asesores de los aspirantes, quienes esperaban su turno para acceder al acto de la revisión en un ambiente de total normalidad y tranquilidad, por lo que a todos los aspirantes que efectuaron la revisión no se les concedió el mismo trato y se les restaron posibilidades efectivas de defender sus derechos e intereses", suponiendo esto una vulneración flagrante de lo establecido en el artículo 8/5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, que da derecho a los aspirantes a ser asistidos por un asesor.

De esta forma, la Asociación solicitó directamente al alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, "que dicte las instrucciones oportunas para que se esclarezcan los hechos descritos anteriormente y, en su caso, se depuren responsabilidades que procedan contra quienes dictaron la orden de proceder de esa manera.

Fuentes del Consistorio lagunero no entraron a valorar de manera directa lo acaecido en el proceso de revisión, pero sí aclararon que en lo que se refiere a la selección del tribunal calificador (cuya composición ha sido uno de los motivos fundamentales por los que se paraliza la selección) dejaron claro que el Ayuntamiento de La Laguna no tiene potestad para designar a los miembros del mismo, así que nada pueden hacer en este sentido.