El Juzgado de Instrucción número 1 de Santa Cruz de Tenerife investigará la reciente denuncia de la Fiscalía por un supuesto delito contra la seguridad colectiva, daños y, quizás, también contra la ordenación del territorio por lo ocurrido con la riada del 1 de febrero de 2010 que desató el caos en dos edificios de Tabaiba Baja y en otras zonas de la costa de El Rosario. El juzgado deberá recurrir y designar a peritos expertos en materia urbanística, así como de aguas y carreteras para determinar si el responsable es el Consejo Insular de Aguas (Cabildo), el Gobierno de Canarias o el ayuntamiento.
Desde que se designe a los peritos, comenzará la fase de instrucción del caso, que surge tras una denuncia del principal grupo opositor en la localidad (IR-Verdes). En ese texto, se alude a que "se levantó un muro de hormigón con desvío del cauce del barranco de Tabaiba Baja, que pasaba debajo de la calle Alemania, del Edificio Oceanía y de la vía España, a la izquierda del chalé de uno de los promotores de la urbanización". También discurre a través de la calle Francia y la plaza Humboldt hasta desembocar entre el edificio Andrea y el de Jardín del Mar. Para los denunciantes, este muro pudo ser una de las claves de la riada.
Asimismo, y en su denuncia, a la que ha tenido acceso EL DÍA, la Fiscalía se refiere también al pequeño muro que se levantó en la parte de alta de la autopista para desviar el barranco y desembocar en el de Los Guirres "sin autorización". Siguiendo las tesis de IR-Verdes, se constata que el muro de contención "fue enterrado y rellenado el tramo del cauce del barranco de Tabaiba Baja entre las calles España y Francia, otorgando el ayuntamiento licencia a una empresa para levantar edificaciones en la parcela 17, en donde se construyeron en dos fases, entre los años 1998 y 2008, cinco viviendas en la calle España y otras 17 en la calle Francia.
La denuncia también recoge que el barranco fue desviado desde la linde del chalé a la del edificio en el otro extremo de la parcela, que nunca se conectó y que el Consejo Insular de Aguas obligó al promotor a hacer una obra de drenaje. En este sentido, se censura la "inactividad" del consejo frente a la ocupación del barranco y que, tras los trabajos, nunca se conectara ningún cauce.
Junto a la denuncia de IR-Verdes se entregaron planos, fotografías, copia de escritos de empresa, recortes de periódicos y el acta del pleno extraordinario del consistorio del 6 de abril de 2010.
A EL DÍA le consta que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) llevó a cabo una inspección ocular de la zona afectada y que recabó una amplia información, si bien aún espera la que le ha pedido al consistorio. El informe emitido por este órgano dependiente de la Guardia Civil concluye que el principal problema se dio por debajo de la autopista y, aunque no dispone de personal especializado, considera que se trata de un problema de infraestructura y de la pendiente que presenta el terreno afectado y por haber construcciones que ocupan un barranco.
De todos modos, el Seprona apunta a la necesidad de que esto sea corroborado por un experto y que se analice también si las obras de ampliación de la autopista y la pendiente del terreno pudieron influir en el incremento de agua de lluvia, tesis que maneja hasta ahora el gobierno local.