El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de La Laguna, Gustavo Matos, ha invitado hoy al Gobierno local de Coalición Canaria y al Grupo Municipal Popular "a considerar" la declaración de emergencia social en el municipio. Recordó en un comunicado que en la ciudad unas 30.000 personas viven por debajo del umbral de pobreza relativa.
Según explicó Matos, este martes ha enviado sendas cartas a ambos grupos políticos, en las que además de detallarles la iniciativa se solicita la "posibilidad de convocar una comisión extraordinaria de Bienestar Social para debatir en su seno, conjuntamente con los técnicos correspondientes, los beneficios y posibilidades de adoptar esta medida".
Por ello, el portavoz de los socialistas laguneros aseguró que "esperamos que la propuesta sea acogida con buen talante, con ganas de dialogar y de afrontarla de forma positiva, tanto por el alcalde como por el propio PP".
Asimismo, Matos anunció que "hemos solicitado formalmente que se convoque la comisión de Bienestar Social para que comparezca en ella la concejala del área y nos informe del estado del servicio y de cómo van gestionándose las ayudas y los distintos programas sociales en los últimos meses; así como otro tipo de iniciativas que no son estrictamente municipales y que tienen que ver con las ayudas que concede el Gobierno de Canarias, las cuales consideramos que están siendo objeto de un retraso injustificado que perjudica los intereses de los vecinos".
LOS DATOS
La solicitud realizada por el portavoz socialista no es baladí, puesto que se fundamenta en datos de diversos estudios y estadísticas que señalan que "aproximadamente unas 30.000 personas viven bajo el umbral de la pobreza relativa en La Laguna, es decir, que viven con menos de 500 euros al mes".
Asimismo, "la petición de ayudas sociales se ha disparado en los últimos meses y el perfil del solicitante ha cambiado; en estos últimos meses se ha podido comprobar cómo cada vez más familias que no han acudido tradicionalmente al auxilio o a la ayuda de los servicios sociales se han visto obligados a hacerlo".
Por ello, Matos consideró que "esta puede ser una medida que ayude a agilizar estas solicitudes y peticiones de ayuda, ya que sabemos que se acortan los plazos y que si el Ayuntamiento no contesta a las ayudas solicitadas en un plazo de tiempo determinado, entonces el silencio administrativo se considera positivo y por tanto concedida la ayuda".