El portavoz del Grupo Socialista en La Laguna, Gustavo Matos, reaccionó ayer con contundencia al anuncio del alcalde, Fernando Clavijo, sobre las medidas que se adoptarán para regularizar las 3.000 viviendas en suelo rústico que ha detectado la Gerencia de Urbanismo en situación de "fuera de ordenación". El edil del PSC apoya cualquier decisión que solvente posibles problemas para esas familias, pero exige que se extienda a todos los casos en los que no haya expedientes disciplinarios y con independencia del suelo y de si están o no afectadas por grandes infraestructuras actuales o futuras.
El líder opositor se refiere, sobre todo, a las viviendas de las urbanizaciones de Las Chumberas, El Cardonal, Padre Anchieta, La Verdellada y otras zonas que han quedado fuera de ordenación, a su juicio, "sólo para poder compensar los números y crecer en otros sitios". En su opinión, esto se ha hecho "a espaldas" de sus propietarios y sin información al resto de grupos, "que lo hemos ido descubriendo poco a poco". Según recalca, "sólo en Las Chumberas hay 37 edificios con esa catalogación, de los que 35 no obedecen a grandes infraestructuras o a la autopista, sino a alturas y otras cuestiones, por lo que no se está diciendo toda la verdad. Se trata de muchas familias y vecinos".
Matos considera "una tomadura de pelo y una clara contradicción" que, durante un reciente pleno, tanto el alcalde como la edil de Urbanismo, Aymara Calero, argumentaran que no podían cifrar el número de viviendas del municipio fuera de ordenación porque resultaba materialmente imposible. "No se entiende que, ahora, el alcalde sí esté en condiciones de afirmar que hay 3.000 sólo en suelo rústico. No nos parece serio ni respetuoso respecto a un grupo que, hace muy poco tiempo, les preguntó en varias ocasiones sobre esto en el salón de plenos local".
El alcalde anunció el pasado jueves a EL DÍA que estas 3.000 casas entrarán en un catálogo en el nuevo Plan General y que sus dueños no correrán riesgos de demolición, podrán hacer operaciones de compra venta y obras de mejora, consolidación y mantenimiento, aunque nunca de ampliación y nuevas edificaciones, siempre que no tengan un expediente abierto por Disciplina Urbanística.
"Inconsistencia jurídica"
Matos también tiene dudas sobre el "régimen especial" al que se refiere Clavijo para solventar la situación de las viviendas fuera de ordenación por grandes infraestructuras viarias y de otro tipo, como el tren o el tranvía. "Jurídicamente -afirma-, eso no se sostiene, porque el ayuntamiento no tiene potestad para legislar sobre esta cuestión. Además, el alcalde debería saber que este tipo de viviendas ya están reguladas, justamente con la expresión de situación legal de fuera de ordenación".
A su juicio, lo que debe hacer el gobierno local es acelerar una ordenanza para que cualquier vecino pueda pedir, "de forma gratuita, y no pagando unos 54 euros", un informe urbanístico que certifique la situación legal de su propiedad. El concejal socialista critica la manera en que CC "ha llevado y sigue llevando esta situación, por la gran incertidumbre que ha creado entre numerosos vecinos".
El edil Javier Abreu (PSC) también se mostró ayer muy molesto con el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Aguere, Paco Barreto, por sus afirmaciones sobre el nuevo PGO, al que presenta como "el más consensuado de Canarias". Para Abreu, la actuación de Barreto durante la reunión del alcalde con vecinos en torno al nuevo documento urbanístico, en la noche del pasado jueves y en el Orfeón La Paz, "prueba que se trata del concejal número 16 de CC", lo que, a su juicio, lo invalida como representante vecinal neutral. Le reprocha, sobre todo, que se refiera a un plan que, "como comprobó en una reunión previa, obedece sólo a lo que los políticos le han dicho a los técnicos lo que deben poner".
Abreu insiste en que, lo que CC presenta como gran participación ciudadana en torno al PGO, obedece, en realidad, a "pura propaganda sin verdadera participación y con claro control por parte del gobierno local".