El área de Planificación y Presidencia del Ayuntamiento de La Laguna, que dirige Francisco Gutiérrez (CC), prevé sacar a concurso esta semana el abastecimiento de gasóleo y gasolina para los vehículos locales, poniendo fin así a una parte de la polémica suscitada desde hace años porque este servicio lo prestaba un único establecimiento, situado en Guamasa, cerca del aeropuerto, sin previo certamen y sin que otros negocios de este ámbito del municipio pudieran aspirar a esta prestación si lo creían oportuno.

Gutiérrez confía en que este concurso no sufra ningún retraso más y espera también que los pliegos relativos al material de ferretería y de oficina, que también han alimentado la citada polémica por los mismos motivos, se aceleren y estén listos antes de un mes.

Menos optimista es sobre el taller de mecánica para los vehículos locales. Según indicó a este periódico, aún no se contempla ningún plazo concreto, aunque subraya que trabajan para que también se concluya cuanto antes.

Con estos concursos no sólo se pondrá fin, en principio, a la polémica, que ha protagonizado diversos plenos, sino que se cumplirá el anuncio de la anterior alcaldesa, Ana Oramas, que se comprometió en 2007 a sacar estos suministros a concurso en poco tiempo, sin que ese anuncio se haya traducido hasta ahora en ningún certamen.

Por eso, y una vez concretados los gastos en gasolina y, sobre todo, en el arreglo de numerosos vehículos municipales en un mismo taller, situado en Geneto, la oposición socialista ha censurado con rotundidad a CC por "esquivar" la ley al intentar asignar y "beneficiar" a las mismas empresas con "contratos de suministros encubiertos" cuando se trataba de servicios que requerían de concursos públicos para que pudieran concurrir las compañías interesadas de forma abierta.

Justificaciones de CC

Hasta ahora, Hacienda local siempre ha subrayado que, sin negar que su intención era sacar los concursos porque son necesarios, gestionar el día a día obliga a buscar soluciones continuamente a corto plazo que muchas veces se topan con las exigencias legales. No obstante, el edil Juan Antonio Alonso sostiene que siempre se ha dispuesto del aval de los técnicos y que, en el caso, por ejemplo, de los talleres, no han encontrado otro que acepte los camiones de gran tonelaje que requerían arreglos y que hiciera todo lo necesario (chapa, pintura y mecánica) de una vez. Además, también era el único que no ponía reparos a cobrar con grandes retrasos, según el edil.

El PSC, por su parte, considera escandalosos muchos de los gastos en vehículos que, a su juicio, debían haber sido retirados y sustituidos por nuevos, a tenor de lo desembolsado en arreglos. Tanto los socialistas como el PP decidieron remitir estos expedientes a la Fiscalía al no convencerles las explicaciones de CC. La oposición teme un gasto de más de dos millones de euros (490.000 euros al mismo taller en tres años) por este motivo y censura que las facturas no pasaran nunca de los 12.000 euros permitidos como máximo en esos años para "driblar" la ley, pese a que hubiera hasta 6 sobre el mismo coche y del mismo día. El arreglo de uno de los camiones bomba costó casi 60.000 euros.