El titular del Juzgado de lo Mercantil de León decidirá en "unos días" si acepta o no la propuesta de la Tesorería General de la Seguridad Social para la liquidación de la Cultural y Deportiva Leonesa Sociedad Anónima Deportiva (SAD).

La resolución será adoptada tras la vista oral celebrada hoy en los Juzgados en la que, tanto la Tesorería como los abogados de la SAD presentaron sus correspondientes alegaciones, a la espera de la sentencia judicial, al entender el organismo que existe riesgo del cobro de la cantidad pendiente de 370.000 euros.

Sin embargo, desde la Sociedad Anónima Deportiva, que estuvo representada por su presidente, Domingo Cueto y quien fuera durante una temporada administrador concursal, Emilio Guereñu, se entiende que la decisión del juez puede ser favorable, tras admitirse la "buena predisposición" al satisfacerse las cuotas mensuales desde el pasado mes de mayo, añadiendo otra cantidad de 9.000 euros.

De esta manera se demuestra, según el abogado de la Cultural y Deportiva Leonesa, que "la Sociedad no es insolvente al hacer frente al pago mensual de las cantidades desde mayo y adelantarse tres partidas de 3.000 euros sobre el montante global de la deuda".

La Cultural justifica el retraso a la hora de enjugar la deuda arrastrada por el retraso en la recepción de diferentes subvenciones comprometidas -en su mayoría por el Ayuntamiento de León-, tanto derivadas de la temporada pasada, como de la actual, donde ya sufrió un notable recorte sobre las previsiones.

Como garantía de pago han presentado el acuerdo de la última reunión del consejo de administración de PROFUTLE -Promociones del Fútbol de León-, accionistas mayoritarios de la SAD, en el que se aprobaba una ampliación de capital de 1,2 millones de euros y que serviría, en gran medida, para hacer frente a esta deuda.

Sin embargo, la situación económica de la entidad es más comprometida ya que se verá obligada a hacer frente al pago de los créditos privilegiados en un corto espacio de tiempo, cantidad que supera los 700.000 euros.

Este sería el paso previo obligatorio para después afrontar el pago del crédito subordinado y en un plazo de cinco años sufragar el cincuenta por ciento de la deuda generada con los acreedores que supera los dos millones de euros.