El Plan de Ordenación de los Recursos Humanos (PORH) del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria garantiza los puestos de trabajo de sus 3.033 empleados, si bien su estructura salarial cambiará, según ha informado hoy su director de Gobierno y Seguridad, Claudio Rivero.
El director de Gobierno ha defendido la necesidad de este plan para dotar de estabilidad a la plantilla, que en un 60 por ciento tiene una relación laboral precaria, situación que ha calificado de "insostenible" y ha generado un clima de tensión y sentencias condenatorias por un importe de 1,4 millones de euros en 2010.
Rivero ha destacado que el plan es preciso para lograr una estructura organizativa moderna, adaptada a los servicios que debe prestar el Ayuntamiento y "justa" para los empleados, e implicará la desaparición de complementos "que no tienen sentido" y generan agravios comparativos motivados por la "preocupante dispersión" normativa que existe y que se pretende suprimir.
El elemento fundamental del plan será la Relación de Puestos de Trabajo, que deberá estar concluida antes del próximo 31 de diciembre y que persigue "funcionarización, transparencia retributiva y claridad organizativa", ha señalado Rivero.
Rivero ha dicho que solo el 24 por ciento de los empleados municipales son funcionarios y que, de éstos, la mayoría tiene entre 55 y 65 años.
También ha revelado que el Consistorio solo dispone de once técnicos de administración general, frente a los 70 del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y los 60 del Cabildo de Gran Canaria.
Ambas situaciones tienen que ser "superadas cuanto antes", según ha advertido Rivero, quien ha informado de que se ha convocado la mesa general de negociación el próximo viernes para fijar el calendario de negociación con los sindicatos.
Así mismo, ha señalado que el plan está publicado en la intranet del Consistorio y que se organizarán sesiones informativas para darlo a conocer.
Rivero ha señalado que desconoce la denuncia presentada por Intersindical Canaria contra él y el director de Recursos Humanos del Ayuntamiento, José María Cabrera, por un supuesto delito de tráfico de influencias en la adjudicación del citado plan.
El responsable de Gobierno y Seguridad ha indicado que no ha recibido ninguna notificación y ha garantizado que el procedimiento seguido en la contratación de la consultora que lo ha llevado a cabo ha sido "regular y transparente y ha seguido el procedimiento ordinario".
Por ello, ha añadido que no tiene la "más mínima preocupación" y que esta denuncia no supondrá la paralización del plan, al tiempo que ha dicho que es "falso" que dos meses antes de la adjudicación se hubiera procedido a reservar el importe destinado a la empresa consultora.