El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria financiará 43 millones de euros con cargo al plan de pago a proveedores dispuesto por el Gobierno, según se acordó ayer en una sesión del pleno con los votos del PP, el rechazo del PSOE y la abstención del grupo mixto, NC y Compromiso.
El portavoz socialista, Sebastián Franquis, tachó de "mal negocio para Las Palmas de Gran Canaria" esta operación y los concejales de NC y Compromiso Pedro Quevedo y Nardy Barrios advirtieron de que hipoteca el futuro de la ciudad, frente al argumento del concejal de Hacienda, Agustín Gutiérrez (PP), de que es una iniciativa que "va a mantener el empleo".
Esos 43 millones de euros se destinarán a pagar facturas atrasadas del ayuntamiento, que, según aseguró el portavoz del grupo de gobierno, Ángel Sabroso, datan incluso de diez años atrás, en algunos casos, y cuyas cuantías percibirán sus acreedores a final de este mes.
Desde esas afirmaciones, Sabroso calificó de "buena noticia" para la ciudad el acuerdo, que opinó que será bien recibida por los propietarios de pequeñas empresas que podrán evitar el cierre de sus negocios, y por sus empleados, que conservarán sus trabajos, merced a esos cobros.
El portavoz del equipo de gobierno dijo no poder cuantificar, en cualquier caso, el número de empresas o trabajadores que se beneficiarán de la medida, si bien insistió en que el volumen del crédito a obtener, 43 millones de euros, da idea de la importancia que tendrá. Sin embargo, los portavoces de los tres partidos de la oposición rechazaron sus argumentos y criticaron que la operación obligará al ayuntamiento a devolver más de seis millones de euros al año, de los que dos millones serán intereses a pagar en contrapartida por el préstamo recibido.