La portavoz adjunta del Grupo Nacionalista Canario, María del Mar Julios, ha solicitado al consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, que apremie al grupo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para que "resuelva la planificación urbanística de la ciudad esta legislatura".

Julios hizo esta petición en la Comisión de Obras Públicas y Transporte del Parlamento de Canarias, en la que lamentó que "el PP en la capital haya optado por la confrontación entre administraciones y contra los propios vecinos y esté dejando en la cuneta un expediente vital para el desarrollo socioeconómico de la ciudad".

La diputada nacionalista recordó este miércoles que el Plan General de Ordenación Urbana vigente se aprobó en diciembre del año 2000 y "dejando a un lado los graves perjuicios económicos que ha supuesto a las arcas municipales, más de 77,5 millones de euros en sentencias, es un documento que precisa ser adaptado a la normativa vigente y a la nueva realidad de la ciudad".

María del Mar Julios trasladó además su preocupación por los numerosos informes desfavorables que acumula el expediente presentado por el Ayuntamiento capitalino del propio Cabildo de Gran Canaria, del Gobierno de Canarias, de la Demarcación de Costas, de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y de hasta tres ministerios del Gobierno central.

Entre otros motivos, esto derivó en la suspensión el pasado mes de noviembre de la aprobación definitiva del PGOU de Las Palmas de Gran Canaria. No obstante, aclaró que "a día de hoy" el Gobierno municipal "no ha hecho los deberes", ya que lo único que se sabe es que han pasado más de tres meses desde la suspensión y la corporación cerró la oficina técnica encargada de esta tarea.

PARALIZACIÓN DE LAS INVERSIONES

Asimismo, la portavoz adjunta enumeró algunos de los problemas derivados de la aprobación definitiva del Plan General que repercute, en primer lugar, en un perjuicio a las inversiones y al desarrollo de la actividad económica de Las Palmas de Gran Canaria, así como otros asuntos que están pendientes de resolver como el relacionado con Ciudad Alta y las torres del Canódromo; los problemas de Casa Ayala; la entrada y salida de San Cristóbal hacia los nuevos Juzgados; las zonas verdes de Tamaraceite y San Lorenzo; el cinturón verde que los vecinos y vecinas reclaman para la ciudad; la situación de Salto del Negro, Guanarteme o El Rincón.