El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) suspendió cautelarmente el Plan de Ordenación de los Recursos Humanos con el que el Ayuntamiento de Gáldar (Gran Canaria) justificaba el expediente de regulación de empleo (ERE) que ayer mismo le había autorizado la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias.

El auto del TSJC tiene fecha del 29 de diciembre, pero fue notificado ayer a las partes, lo mismo que la resolución de la Consejería de Empleo, que da visto bueno al ERE del ayuntamiento.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC toma esta medida cautelar a solicitud del comité de empresa del consistorio, que sostiene que esta decisión impide la ejecución de expediente de regulación de empleo (17 rescisiones de contrato por prejubilación y suspensión de 87 puestos de trabajo durante seis meses).

El tribunal toma esta medida porque considera "claro" que el Ayuntamiento de Gáldar aprobó ese Plan de Recursos Humanos sin negociarlo con los sindicatos, lo que contraviene al Estatuto Básico del Empleado Público.

El equipo de gobierno de Gáldar (Nueva Canarias y PSOE) había presentado este ERE con el argumento de que su situación financiera no podía soportar una plantilla formada por casi 500 empleados (400 laborales y 70 funcionarios) y la advertencia de que podría verse en problemas para seguir pagando las nóminas de no llevar a cabo esta medida.

El ayuntamiento buscaba ahorrar con la medida 1,5 millones de euros al año y estudiaba recurrir en los tribunales la decisión de la Consejería de Empleo para que también se le permitiera prescindir de otros 37 trabajadores.

Las reacciones al ERE oscilaron entre la indignación y la comprensión. UGT anunció que impugnaría la autorización y solicitaría su suspensión cautelar, CCOO lo tachó de "despropósito que da rienda suelta a los ayuntamientos" para hacer una gestión "irresponsable", y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) lo recibió como una medida "no para destruir empleo, sino para buscar una salida" a situaciones difíciles.