"Al final se ha hecho justicia con 20 trabajadores de Valle Gran Rey", dijo hoy el secretario de Comisiones Obreras (CCOO) en La Gomera, José Ignacio Algueró, quien destacó que, tras cinco años de lucha, el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) abonará un total en conjunto de 235.000 euros de indemnización por despido improcedente, el 65 por ciento de lo estipulado.
Los hechos se remontan a abril de 2006, cuando Construcciones y Promociones Charco Canarias pretendió que 22 de sus trabajadores firmaran una subrogación a otra empresa, explicó Pedro Dorta Santos, uno de los afectados.
Al darse cuenta de que el trámite no era legal, los trabajadores se pusieron en contacto con Comisiones Obreras, que les confirmó que estaban ante un engaño.
José Ignacio Algueró recuerda que el empresario amenazó a los trabajadores con el despido si no firmaban la subrogación o la baja voluntaria y más tarde como alternativa la carta de despido.
Finalmente, el despido se produjo, por lo que los trabajadores presentaron demanda ante la justicia, que les ha dado la razón, aunque dos de ellos llegaron a un acuerdo con la empresa y la retiraron.
A juicio del secretario de CCOO, se trata de la demanda jurídica más importante de las realizadas en La Gomera en los últimos 16 años, tanto por el número de trabajadores afectados como por su cuantía.
Asegura que el empresario ante los problemas económicos por los que pasaba había tejido una estrategia para ahorrarse los "muchos miles de euros" que tendría que pagar a los trabajadores en caso de despido.
Para ello, pretendía subrogar los trabajadores a otra empresa con un contrato temporal, lo que equivalía a renunciar a una antigüedad que en muchos casos superaba los 10 años.
Destaca que muchos de ellos, a causa de su avanzada edad, no volvieron a encontrar otro trabajo en la construcción y uno falleció hace poco más de un año sin poder ver satisfecha su demanda.
A pesar de la sentencia favorable, dice, los trabajadores habían perdido la esperanza de cobrar, porque el empresario "montó una estrategia planeada de forma calculada para burlar los embargos".
"Han sido muchos años de lucha, pero al final se demuestra una vez más que vivimos en un estado de derecho, que la justicia es lenta pero que acaba poniendo a cada uno en su sitio", señala Algueró, quien subraya que el empresario tendrá que responder judicialmente de todas sus "tropelías", mientras que los trabajadores finalmente han cobrado.