La Plataforma Ciudadana de La Frontera aseguró ayer que recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 3 de Santa Cruz de Tenerife por la cual no se acepta la denuncia presentada hace dos años ante las supuestas irregularidades en el expediente de segregación de este municipio herreño con El Pinar.
Tras aprobar la segregación del municipio de El Pinar de La Frontera, el colectivo de vecinos decidió denunciar al Cabildo de El Hierro ante la Justicia por supuestas irregularidades e ilegalidades en el aspecto económico y territorial del expediente de segregación.
Según explicó el presidente de la Plataforma Ciudadana de Frontera, Jorge Benítez, las irregularidades en el aspecto económico residen en que el Ayuntamiento de El Pinar tendría que haber contado con los servicios de funcionarios de La Frontera, "algo que nunca ha ocurrido, pues el nuevo municipio creó una plantilla nueva y dejó a La Frontera con todos sus funcionarios. En consecuencia, nuestro municipio tiene los mismos empleados de la administración para dos mil habitantes menos".
Esta situación, destacó Benítez, provoca un gasto importante para La Frontera, que anualmente invierte cerca de 400.000 euros en funcionarios, y en un momento en el que "el ayuntamiento se ha declarado en quiebra técnica".
Respecto al aspecto territorial, los vecinos denuncian que en la segregación se hizo un reparto del territorio de cerca del 50 por ciento para cada municipio, y "se debería haber hecho en función a la población de cada localidad". Según Benítez, de haberse realizado de esta manera, "La Frontera se hubiera quedado con el 70 por ciento del territorio y El Pinar con el 30 por ciento".
Dos años después de haber presentado la denuncia, el Juzgado de lo Contencioso número 3 de Santa Cruz de Tenerife ha fallado en contra de los vecinos, motivo por el cual el colectivo ha decidido recurrir al TSJC como última instancia. La Plataforma Ciudadana de La Frontera tiene hasta mañana para presentar la apelación.
Para poder continuar con el proceso legal, el colectivo ha solicitado al Ayuntamiento de La Frontera ayuda económica para hacer frente a los gastos, pues los vecinos han invertido "cerca de 15.000 euros de nuestro bolsillo", explicó Jorge Benítez, quien señaló que en total "se han gastado aproximadamente 25.000 euros en el proceso judicial, de los cuales 10.000 euros fueron aportados por el anterior consistorio".
"Esta demanda tenía que haber partido del Ayuntamiento de La Frontera, pero no fue así. Por ello, y para continuar con nuestra lucha, pedimos al consistorio colaboración económica, pues en el caso de ganar el recurso la inversión sería de cerca de 6.000 euros, pero si la perdemos sería mayor. Para ello tenemos una cuenta abierta en Caja Siete", sentenció el presidente del colectivo.