La concejal de Compromiso por Las Palmas, Nardy Barrios, propone al gobierno municipal que analice si se puede repercutir en los concejales del PP que tomaron la decisión de construir la Biblioteca Pública del Estado la indemnización que se haya de abonar.
Tras la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo, que obliga al derribo de la instalación, Barrios entiende que los concejales que formaron parte de la comisión de gobierno deben responder con su patrimonio, ya que aprobaron ceder suelo para la realización de un proyecto que contaba con tres informes técnicos que desaconsejaban dicha actuación. En su opinión es injusto que los ciudadanos "tengan que responder" económicamente por esa actuación.
Señala que en 1997 había muchos terrenos para ceder al Ministerio de Cultura para la construcción de la biblioteca, pero que el gobierno de José Manuel Soria "entregó un suelo con una orografía que dificultaba la construcción apta para los discapacitados, que tenía la mitad de su superficie como zona verde y que tapaba las vistas al mar a unas viviendas".