El ex consejero de Empleo y ex viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias Francisco Rodríguez Batllori, Susana Martín (hija del fundador y líder del Partido de Independientes de Lanzarote, Dimas Martín) y el ex campeón de España de rallys Samuel Lemes son tres de los siete detenidos ayer en el marco de la "operación Jable", que suma ya quince arrestos en los últimos días.
Fuentes próximas al caso han confirmado a las agencias de comunicación que entre los detenidos están la hija del fundador del PIL, Susana Martín, el funcionario del Ayuntamiento de Teguise Carlos Matías Curbelo, considerado desde hace muchos años como hombre de confianza del líder del PIL, así como el constructor José Vizcaíno, miembro histórico del partido, que hace algún tiempo edificó una vivienda propiedad de Susana Martín.
Completan la lista de detenidos durante la operación efectuada ayer el empresario José Gonzalo Gil y el ex concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Arrecife José Miguel Rodríguez, que ya fue detenido en la primera fase de la "operación Unión" contra la corrupción, y que permaneció varios meses en prisión. Dos empresarios residentes en la Península fueron detenidos también días atrás.
Esta segunda fase de la investigación se ha centrado principalmente en dos tramas, por un lado, la relacionada con los supuestos delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, "dirigida por un ex alto cargo público en connivencia con varios de los empresarios detenidos", según mantiene la Guardia Civil.
Así, la investigación ha puesto de manifiesto que, a través de un "importante entramado" empresarial y utilizando a varias personas que actuaban como testaferros, una persona ocultó la propiedad de sus bienes para que estos no pudieran ser intervenidos por la Administración de Justicia.
Por otra parte, la otra de las tramas está relacionada con supuestos pagos, que con fondos de un consistorio de Lanzarote y de empresas públicas se realizaban a uno de los detenidos por servicios no prestados. Otro ex cargo público ejercía tráfico de influencias sobre los funcionarios para que hicieran efectivos dichos pagos.
Con los siete detenidos de ayer se eleva a quince el número de personas arrestadas esta semana en el marco de la segunda fase de la "operación Unión", que ha sido bautizada con el nombre de "operación Jable" y que constituye una pieza separada del sumario principal.
Según informó el Instituto Armado, ayer no sólo se procedió a la detención de siete personas, sino que además se registraron sus domicilios "interviniéndose abundante documentación tanto en soporte informático como en papel, que está siendo analizada por los investigadores".
En concreto, los arrestos se habrían producido en Gran Canaria y Lanzarote, así como en Almería, y los detenidos están acusados de presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, falsedad de documento público, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.
Cabe resaltar que, con la detención de Susana Martín, ya son cinco los miembros de la familia del líder y fundador del PIL Dimas Martín detenidos o imputados en la "operación Unión", de la que el político lanzaroteño está considerado como el principal imputado.
Dimas Martín, que se encuentra en prisión cumpliendo una condena judicial de ocho años por malversación de caudales públicos, fue detenido al comienzo de la "operación Unión" en el mismo Centro Penitenciario de Tahíche.
CC afirma que confía en la celeridad de la Justicia
Coalición Canaria (CC) expresó ayer en un comunicado remitido a los medios de comunicación su "profunda preocupación" por la "convulsa situación" que se vive en la isla de Lanzarote a raíz de las nuevas detenciones ordenadas por el juez que instruye el caso denominado "operación Jable" y confía en que las instrucciones judiciales abiertas se desarrollen "con la mayor celeridad" para poner fin a un nuevo episodio que, a su juicio "contribuye a ampliar la desconfianza ciudadana sobre la gestión de los recursos públicos". CC lamenta los episodios vividos esta semana, ya que considera que "contribuyen a deteriorar el trabajo que, día a día, realizan los representantes de todas las fuerzas políticas en todas las administraciones públicas". La formación nacionalista asegura que "al igual que en ocasiones anteriores", actuará con "la máxima cautela", respetando la presunción de inocencia de los detenidos e imputados, y mantiene que "tomará las decisiones pertinentes cuando haya sentencias y estas sean firmes".