CABILDOS, junto con ayuntamientos, son, sin lugar a dudas, las dos administraciones públicas a las que recurre el ciudadano en busca de ayuda, un respaldo que se hace especialmente necesario en estos momentos de crisis económica, y ante el que es imprescindible poder responder con solvencia y eficacia. No parecen tenerlo tan claro, sin embargo, en el Gobierno canario, que más bien da muestras de pretender que desaparezcan las Corporaciones insulares, haciéndolo, además, no desde el debate político, sino a través del estrangulamiento económico.

Hablamos de instituciones cercanas, básicas en la organización gubernamental de Canarias, y que han contribuido de manera decisiva al desarrollo de nuestra Comunidad Autónoma; administraciones que prestan servicios fundamentales y que no sólo están relacionados con el mantenimiento de carreteras o la dotación de infraestructuras, sino también con el suministro de agua, la conservación medioambiental o la atención a los mayores, menores, mujer y servicios sociales especializados, en general.

La dotación económica de la que se dispone para afrontar estas obligaciones no se corresponde, sin embargo, con el coste de las prestaciones, pues los recursos financieros transferidos por el Gobierno canario han sido siempre bastante escasos. De cada 100 euros que se emplean en el pago de competencias transferidas, el Ejecutivo regional aporta sólo 33 euros, y esta es la tan traída y llevada deuda histórica con las Corporaciones locales, que ha sido reconocida de forma teórica por la Administración autonómica, pero ante la que no ofrece ninguna solución práctica.

Hace ya más de tres años que el Gobierno canario se comprometió a crear una comisión para actualizar las competencias transferidas, que no se creó en 2006 ni en 2007; tampoco en 2008 y sigue en las mismas cuando estamos a punto de terminar 2009. Eso sí, el portavoz del Ejecutivo acaba de apuntar que el tema sigue estando en la agenda de trabajo, lo que no se dice es cuánto tiempo más necesita, ni por qué no se ha tenido que llegar a esta situación crítica para todos.

Cabildos y Gobierno están obligados a entenderse; Canarias es una región singular y necesita de las dos instituciones, además de los ayuntamientos, por lo que estoy convencido de que finalmente se logrará el acuerdo, pero debemos poner más voluntad y menos obstáculos; más comprensión y menos exigencias. No es de recibo que se elaboren unos presupuestos y se trasladen a las Corporaciones locales unos presupuestos con las que se funciona durante meses y que, tras comprobar que se ha errado en las cuentas y que han caído los ingresos, no sólo se reduzcan las aportaciones, sino que, además, se reclamen devoluciones inmediatas.

Y eso es precisamente lo que ha planteado el Gobierno canario a los Cabildos, a los que informa de que existe una liquidación negativa -diferencia entre previsiones e ingresos reales- que ya suma 108 millones de euros; que puede alcanzar los 150 millones a final de año, y que se deben devolver desde este mismo año, sin tener en cuenta que las dificultades afectan a todas las instituciones, pero más si cabe a los Cabildos, única administración sin ingresos propios.

La respuesta no se ha hecho esperar. La Federación de Cabildos ha acordado por unanimidad, como no podría ser de otra manera, rechazar la devolución este año y solicitar una moratoria de dos años y un pago fraccionado a la que aplica el Gobierno de España, de modo que se empezaría a pagar en 2012 y en 48 mensualidades.

No se trata de ningún capricho y sí de poder prestar servicios y atender al ciudadano, de ahí que también se abogue por una redefinición de las competencias de cada administración, para evitar duplicidades y despilfarros, aún más graves en esta época de crisis, y además modificar la Ley de Financiación de las Corporaciones Locales, para garantizar a cada entidad unos ingresos mínimos para poder actuar. Se plantea, asimismo, que la recaudación por impuestos sobre el tabaco rubio, unos 40 millones de euros por anualidad, se distribuya entre las corporaciones, de acuerdo con los criterios del REF y, por supuesto, que se mantengan los planes sectoriales, para asegurar la inversión en cada Isla.

La situación económica es muy compleja; estamos obligados a la austeridad y priorizar gastos, de ahí que tengamos que esforzarnos en buscar acuerdos y entre todos resolver los problemas que tienen los ciudadanos, algo que no se consigue con gestos de cara a la galería, sino cumpliendo los compromisos y pensando siempre en los ciudadanos.

* Presidente del Cabildo de La Gomera