La necesidad objetiva y real obliga. Todas las administraciones públicas deben hacer un esfuerzo para mantener la inversión pública, pese a que está constatada la reducción de ingresos como consecuencia de la disminución de actividad que ha traído consigo la crisis económica y financiera internacional.

Es, sin embargo, este mal momento económico el que impone la obligación de activar e incrementar en todo lo posible la acción de los gobiernos, de forma que se dé respuesta y se ayude a los ciudadanos. Son positivos, por tanto, acuerdos como el que han alcanzado esta misma semana el Gobierno canario y los cabildos en torno al plan sectorial de acondicionamiento de carreteras para el período 2009-2010.

El Ejecutivo regional ha comprendido que no se podían incluir los presupuestos de obras no certificadas como nuevas partidas y se ha fijado una inversión para todas las Islas que suma 16 millones de euros -0,5 millones para La Gomera-. Se retoma así el camino del entendimiento, que hoy es más necesario que nunca, pues si bien es verdad que ha habido un descenso de la recaudación, que se repite este año y por la que se disponen de menos recursos, no es menos cierto que hay que mantener las actuaciones encaminadas no sólo a construir o mejorar infraestructuras, sino con las que también se logra un equilibrio en la distribución por islas de la inversión pública.

La negociación no ha sido fácil, pero finalmente se ha impuesto la razón defendida por las corporaciones insulares, pues los planes sectoriales, que no sólo se centran en carreteras, sino también en el turismo o la potenciación de zonas comerciales, entre otros sectores, son una herramienta fundamental que permite aumentar las dotaciones que repercuten directamente en la calidad de vida de los vecinos y, lo que es muy importante, facilitan la obra pública y, por tanto, la actividad de las empresas y la creación de empleo, convertido en la principal prioridad de todos los gobiernos dada la realidad que padecen numerosas familias canarias.

Y para combatir esa situación, que no es otra que el crecimiento del paro, es fundamental también que el Gobierno canario ponga en marcha actuaciones específicas para aumentar los puestos de trabajo en cada Isla, tal y como se ha reclamado en reiteradas ocasiones desde el Cabildo de La Gomera, donde son pocos los recursos que aporta el Ejecutivo regional para frenar el desempleo y donde nos vemos obligados a contrarrestar el problema con fondos propios, que superan los 9 millones de euros invertidos en ocho planes de acción con distintas incitativas de contratación, colaboración con las empresas y ayudas a las familias.

La tan anunciada y celebrada concertación social entre el Gobierno autonómico, los empresarios y los sindicatos aún no se ha traducido en ningún programa específico que atienda las particularidades del mercado laboral en cada territorio. No han transcurrido demasiadas semanas desde que se llegó a este acuerdo, pero no hay tiempo que perder cuando crece el número de personas que se han quedado sin salario y que padecen dificultades para llegar a fin de mes.

Resulta imperativo también que el Gobierno de España ponga en marcha cuanto antes el nuevo plan de acción, dotado con 5.000 millones de euros y que se sumará a los 8.000 millones de euros correspondientes a la iniciativa emprendida este año, con mucho acierto, para favorecer la inversión pública en todas las corporaciones locales. No cabe duda de que esta nueva inyección económica permitirá aliviar y reactivar a las instituciones canarias hasta que se negocie el nuevo Régimen Económico y Fiscal, las compensaciones por el extinto Impuesto General de Tráfico de Empresas y una mejor redistribución de la inversión por habitante.

La predisposición del ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, no podía ser mejor, tal y como se puso de manifiesto en una reciente reunión mantenida con los presidentes de todos los Cabildos, desde los que se trasladó la importancia de adaptar el sistema de financiación autonómica a la población real de Canarias y solventar la deuda histórica. Existe un compromiso no sólo para dar cabida a las Corporaciones insulares en los futuros planes del Estado, sino también para aumentar la inversión por habitante, de forma que Canarias recupere posiciones y alcance la media de las comunidades autónomas españolas. Conviene, no obstante, que los acuerdos se vayan materializando cuanto antes y que todos hagamos cuanto esté a nuestro alcance para superar la crisis.

* Presidente del Cabildo de La Gomera