El Gobierno griego respondió hoy a la amenaza de España de vetar el desembolso de un nuevo tramo del rescate a Grecia si Atenas no desimputa a un funcionario español que asesoró al fondo de privatizaciones heleno (HRAF) con el argumento de que no se inmiscuye en asuntos de la justicia.
"El asunto está en manos de la justicia, no podemos comentarlo", declaró una fuente del ministerio de Justicia griego.
En términos similares se expresó una fuente de HRAF, que señaló que el fondo "confía en la justicia griega".
El funcionario español en cuestión, junto a un italiano y un eslovaco, todos miembros del consejo de expertos del fondo de privatizaciones heleno, elaboraron un informe no vinculante sobre un proyecto que presuntamente terminó arrojando pérdidas "millonarias".
Esto llevó a un grupo de abogados griegos a presentar, en enero de 2014, una demanda contra los tres extranjeros y tres griegos que participaban en el mismo proyecto por haber actuado de "mala fe" a la que se sumó, en marzo de 2016, el Estado heleno.
Aunque en 2014, todavía bajo el Gobierno del conservador Andonis Samarás, el Parlamento griego aprobó una ley que concedía a todos los asesores del fondo de privatizaciones inmunidad penal, el caso siguió su trayectoria jurídica.
A comienzos de este mes, el Tribunal de Apelaciones de Atenas decidió, tras una larga investigación, juzgar a los expertos pero también a la dirección de HRAF de entonces al completo.
El ministro español de Economía, Luís de Guindos, insistió hoy en que, "si no se desimputa inmediatamente" a los funcionarios, el pago aprobado (8.500 millones de euros) no se concretará y aseguró que espera que se encuentre una solución "en los próximos días".