El Tribunal Supremo de Pakistán decidió hoy investigar las sociedades en paraísos fiscales del primer ministro, Nawaz Sharif, desveladas en los Papeles de Panamá, lo que llevó al opositor Tehreek-i-Insaf (PTI) a cancelar una protesta multitudinaria con la que pretendía paralizar mañana la capital.

"El Supremo ha decidido resolver la cuestión de los Papeles de Panamá", afirmó el presidente del máximo órgano judicial del país, Anwar Zaheer Jamali.

Zaheer pidió al Gobierno y al PTI que presenten el próximo jueves propuestas con sus condiciones para formar una comisión de investigación, que responderá ante el tribunal de cinco jueces que ahora estudia cinco peticiones para destituir al primer ministro.

Los papeles de Panamá revelaron que tres de los hijos de Sharif tienen compañías en paraísos fiscales con las que controlan propiedades en Londres y, desde su publicación en abril, la oposición ha pedido la dimisión del mandatario.

La familia Sharif ha reconocido la posesión de las compañías, pero ha rechazado cualquier tipo de ilegalidad.

Tras el anuncio judicial, el líder de PTI, Imran Khan, anunció la cancelación de una protesta multitudinaria prevista para mañana contra Sharif con la que esperaba paralizar Islamabad.

"El Tribunal Supremo ha comenzado a investigar y nos pidió que cancelásemos la protesta", afirmó Khan en una rueda de prensa en la capital paquistaní.

El célebre exjugador de críquet afirmó sin embargo que llevarán a cabo una manifestación festiva para celebrar la decisión de la máxima instancia judicial.

Khan bloqueó la capital durante cuatro meses en 2014 con el argumento de que Sharif había cometido fraude en los comicios que ganó en 2013.

La decisión del PTI de cancelar la protesta se produce tras varios días de choques entre sus partidarios y las fuerzas de seguridad, que según la formación política costó la vida a una persona ayer.

Las fuerzas de seguridad arrestaron además en los últimos días a casi un millar de opositores, algo criticado ayer por la organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI), que urgió al Gobierno a respetar el derecho a protestar pacíficamente.