Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea sin Reino Unido han fijado este viernes las grandes líneas de una ''hoja de ruta'' para los próximos seis meses, con la que aspiran a demostrar "unidad" y un refuerzo de la seguridad en las fronteras contra la inmigración y la amenaza terrorista; que convenza a los europeos de la viabilidad del proyecto europeo.

"Nos hemos puesto de acuerdo en poner todo el esfuerzo de Europa para ocuparnos de las cosas que preocupan a la gente. La gente quiere seguridad y eso es lo que demandan a sus gobernantes", ha declarado el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, al término de la cumbre informal celebrada en Bratislava.

En la misma línea, la canciller alemana, Angela Merkel, ha señalado el objetivo de la Unión Europea de "parar la inmigración ilegal" o "al menos reducirla significativamente".

"Estamos de acuerdo en que nunca más permitiremos que vuelvan los flujos migratorios sin control" del pasado año, ha dicho el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en referencia a uno de los compromisos clave de la nueva "hoja de ruta de Bratislava".

La mención inicial a evitar que se repita el "caos" de 2015 se suavizó por el malestar de algunas delegaciones con esa expresión, entre ellos Alemania, según han revelado fuentes europeas.

Estamos determinados a "corregir los errores pasados" y buscar "soluciones comunes" como una Unión a Veintisiete, ha añadido Tusk, quien ha confiado en que en los próximos seis meses se cumpla la ruta marcada y se dé por concluido el protocolo en marzo, cuando los Estados miembros celebren en Roma los 60 años del proyecto europeo.

El primer ministro checo, Bohuslav Sobotka, ha explicado, por su parte, que se ha cerrado una ''hoja de ruta'' inicial para "reforzar la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento de la UE".

En el marco de los esfuerzos para reforzar la frontera exterior de la Unión Europea, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha anunciado un apoyo de 108 millones de euros para ayudar a Bulgaria a controlar la presión migratoria en su frontera con Turquía. Sofía ha pedido a sus socios 160 millones de euros y el despliegue de 200 efectivos en la zona.