La Policía de Bangladesh cerró hoy la primera fase de una gran operación para buscar a los responsables de los ataques yihadistas a minorías con más de 11.000 arrestos, casi 200 de ellos supuestos extremistas, y denuncias de la oposición por la "detención arbitraria" de 4.000 simpatizantes y militantes suyos.

Las fuerzas de seguridad arrestaron a 17 presuntos radicales islámicos en las últimas 24 horas, que elevaron a 193 los extremistas, que según las autoridades, han sido detenidos entre las más de 11.600 aprehensiones llevadas a cabo en un operativo de una semana de duración.

"La operación ha concluido, ha servido para recopilar información", dijo el subinspector general de la Policía, Shahidur Rahman, al tiempo que subrayó que ha sido "muy fructífera".

El inspector general adjunto de la Policía, Monir Uz Zaman, había afirmado al comienzo de la ofensiva que las fuerzas de seguridad se enfrentaban a "una red de unos 200 extremistas" que actúan en "pequeñas células".

La mayoría de los extremistas arrestados, sobre los que apenas se han difundido detalles, son presuntos miembros de la organización Jamaatul Mujahideen Bangladesh (JMB) y otros detenidos pertenecen a organizaciones como Ansar al Islam, también conocida como Ansarullah Bangla Team (ABT).

Las autoridades responsabilizan a JMB y ABT de gran parte de las agresiones selectivas, generalmente a machetazos, que desde 2013 han causado unas 40 víctimas mortales en Bangladesh, aunque las acciones han sido reivindicadas también por el grupo yihadista Estado Islámico (EI) y la rama de Al Qaeda en el subcontinente indio.

Si bien el objetivo eran esos grupos, las masivas detenciones han suscitado un alud de críticas dentro y fuera de Bangladesh y, de hecho, al quinto día la Policía dejó de ofrecer datos globales de arrestos como hacía diariamente.

"El número de trabajadores y simpatizantes (del BNP) arrestados ha superado los 3.000", denunció hoy Asaduzzaman Ripon, un portavoz del Partido Nacionalista (BNP) de la ex primera ministra Khaleda Zía.

Ripon acusó al Gobierno de querer "aniquilar a la oposición" y argumentó que el BNP defiende la "lucha contra el terrorismo y el extremismo".

Por su parte, un abogado del principal partido religioso del país, Jamaat-e-Islami (JI), declaró bajo anonimato que "entre 950 y 1.000" simpatizantes y militantes de esa formación han sido detenidos en el operativo.

La Policía rechazó estas acusaciones, alegando que las fuerzas de seguridad no actúan "en función de signos políticos" sino en base a instrucciones y contra delincuentes sobre los que pesan cargos.

Sin embargo, la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) se sumó hoy a las críticas contra la operación policial.

"Las autoridades bangladesíes deberían investigar los ataques (...) e identificar y procesar a los responsables, pero dejar de detener arbitrariamente sin pruebas", mantuvo la organización defensora de los derechos humanos en un comunicado.

Bangladesh, un país de 160 millones de habitantes, un 90 % de ellos musulmanes, comenzó a sufrir en 2013 estos ataques selectivos, que al principio tenían como objetivo al conocido como colectivo de "blogueros ateos" críticos con el fundamentalismo.

En 2015 los atentados se intensificaron y han tenido como víctimas a fieles de todo tipo de minorías religiosas como cristianos, hindúes y budistas, seguidores de sectas no adscritas a la rama islámica suní más ortodoxa, ciudadanos extranjeros, activistas homosexuales y pensadores laicos.

Desde comienzos de abril, al menos 12 personas han muerto en los ataques, cuatro de ellas en el primer tercio de junio, incluida la esposa de un alto mando policial que dirige la lucha antiterrorista.

Esta última muerte desencadenó una inusual condena enérgica del Gobierno y una mayor presión policial.

Este miércoles se registró el último ataque, que tuvo como objetivo a un profesor hindú que resultó herido en una agresión a puñaladas en el distrito central de Madaripur.

En este contexto de auge extremista, Bangladesh atraviesa además una crisis política, con el Partido Nacionalista y Jamaat-e-Islami fuera del Parlamento nacional.

El BNP boicoteó las últimas elecciones generales de 2014 al derogar el Gobierno una modalidad de gobierno interino para supervisar procesos electorales y ha lanzado desde entonces campañas de protesta.

JI, por su lado, afronta un proceso de ilegalización, está vetada de concurrir a comicios y tiene a la cúpula acorralada por juicios promovidos por el Gobierno en relación a crímenes durante la guerra de independencia en 1971 que ya han derivado en la ejecución de cuatro de sus líderes.