La Corte Suprema de El Salvador decidirá, previa petición de España, si deben ser extraditados cuatro militares puestos hoy a su disposición por su vínculo con la masacre de seis padres jesuitas en 1989, una coyuntura que reabre la controversia sobre la solidez de los Acuerdos de Paz de 1992.

La máxima corte fue notificada este lunes por el Tribunal Primero de Paz de la captura de los cuatro militares retirados, quienes se encuentran recluidos en los calabozos de la División de Tránsito Terrestre en San Salvador.

Según explicó Lisandro Quintanilla, abogado de trece de los diecisiete requeridos por el juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional, la justicia española tiene 60 días a partir de que sea notificada oficialmente de las detenciones para hacer la solicitud de extradición.

El pasado 5 de enero, la Policía intentó arrestar a dieciséis militares localizados en El Salvador, pero solo logró capturar a cuatro, mientras los otros doce se dieron a la fuga.

Pese al llamamiento que les hizo el presidente del país centroamericano, Salvador Sánchez Cerén, de entregarse a la justicia, el abogado Quintanilla manifestó que estos no lo harán.

"La respuesta a esa exhortación que hace el presidente de la República es no, ellos no se van a entregar", anunció durante una conferencia de prensa en la que familiares de los militares pidieron la liberación de los detenidos y el cese de la persecución de los fugados.

Mientras, en EE.UU., el número diecisiete de la lista, el exviceministro de Defensa Inocente Montano, espera ser extraditado a España después de que el viernes una jueza de ese país diera su aval.

Estos hechos han desencadenado una crisis política en El Salvador hasta el punto de que la oposición y otros partidos de centro derecha señalan que estas capturas "atentan" contra los Acuerdos de Paz que pusieron fin a doce años de guerra civil (1980-1992).

Este domingo, la opositora Alianza República Nacionalista (ARENA), el Partido de Concertación Nacional (PCN) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) emitieron un comunicado en el que señalaron que estas acciones "reabren viejas heridas" y que "agravan la polarización".

El parlamentario Ernesto Muyshondt explicó hoy que las detenciones de los militares no "fomentan la reconciliación del país" y "contribuyen a la hostilidad".

"La bancada (ARENA) este en apoyo de ellos y de sus familias porque no es un acto de justicia abrir la heridas del pasado", aseveró.

En esa misma línea, Rodrigo Ávila, también diputado de ARENA, hizo un llamamiento a los magistrados de la Corte Suprema salvadoreña para que a la hora de evaluar la extradición de los militares "piensen en el proceso de reconciliación que existe en El Salvador" que "ha sido exitoso y que no debe ser empañado".

"Las detenciones son una acción política en momentos de una coyuntura difícil, respaldamos el proceso de reconciliación, el Estado derecho y la Constitución salvadoreña" que "en este caso se esta vulnerando", señaló.

En este contexto, la Presidencia convocó a una reunión con los partidos políticos para abordar el procedimiento de búsqueda y captura de los señalados, por el malestar que han mostrado.

Por otra parte, un grupo de exministros de Defensa y exmiembros del Alto Mando de la Fuerza Armada ha convocado a los medios para dar su postura sobre los recientes acontecimientos.

Uno de estos es Humberto Corado Figueroa, ministro de Defensa entre 1993 y 1995, quien dijo este sábado que las capturas son parte de un "juicio político promovido por los antiguos enemigos de sus colegas de armas": la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, hoy en el poder.

El rector de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), Andreu Oliva, dijo hoy en una entrevista con un canal local que no ve "ninguna relación entre llamarle persecución política y buscar la justicia en un crimen del cual hay evidencias más que suficientes".

Las víctimas de la masacre, perpetrada en el marco de la ofensiva guerrillera "Hasta el Tope", fueron los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Armando López y Juan Ramón Moreno, y el salvadoreño Joaquín López, así como su colaboradora Elba Julia Ramos y su hija Celina.