El exministro griego de Finanzas Yanis Varufakis justifica en un artículo que publica hoy "Financial Times" que su plan B para rescatar la economía griega respondía a las restricciones a la soberanía impuestas por las autoridades de la eurozona.

Varufakis afirma que las medidas que sopesó para restablecer la liquidez del Estado griego, asfixiado por las deudas y sin acceso a los mercados internacionales, fueron ignoradas por la prensa cuando las dio a conocer al anunciar su dimisión el 6 de julio.

Sin embargo, agrega, los medios "disfrutaron" cuando posteriormente se hizo pública una conversación sobre el asunto con representantes de fondos de riesgo, que fue grabada con su consentimiento.

"Aunque entiendo la excitación de la prensa con elementos de ese intercambio, como el tener que considerar medios poco ortodoxos para acceder a los sistemas de mi propio ministerio, solo hay un asunto relevante desde el punto de vista del interés público", escribe.

"Hay una espantosa restricción de la soberanía nacional impuesta por la ''troika'' de prestamistas a los ministros griegos, a los que se niega el acceso a departamentos de sus ministerios clave para introducir políticas innovadoras", agrega.

Cuando la pérdida de soberanía por una deuda oficial insostenible da lugar a políticas "subóptimas" en naciones bajo presión, uno sabe que "hay algo podrido en el reino del euro".

También dice Varufakis que su ministerio estudió cómo afrontar los problemas de liquidez del Estado y del sistema bancario griegos, que incluían acceder (al margen de la ''troika'') a los datos fiscales de ciudadanos y empresas para crear un sistema alternativo de pagos que permitiera cancelar deudas mediante la emisión de pagarés que pudieran redimirse como, por ejemplo, mediante el pago de impuestos.

"Nuestra simple idea era una cancelación multilateral de la deuda impagada entre el Estado y el sector privado (ciudadanos y empresas) usando la plataforma digital de pago existente de la oficina de impuestos", explica.

La intención era crear una cuenta de reserva" con el NIF de cada ciudadano y compañía, donde se reconocería la deuda pendiente del Estado, de modo que el contribuyente hubiera podido transferir esos créditos "desde su cuenta de reserva al mismo Estado (en lugar del pago de impuestos) o a otra cuenta de reserva".

También argumenta que, debido a la ausencia de un banco central que respalde al Estado, la morosidad del Gobierno griego con el sector privado fue "perpetuamente deflacionaria desde 2008" y derivó en un círculo vicioso que afecta a la recaudación de impuestos y a la falta de liquidez.

En una segunda fase de su plan, que dice no se llegó a estudiar a fondo, se hubieran introducido aplicaciones de móvil y unas tarjetas ciudadanas para facilitar las transacciones y la amplia implantación entre la ciudadanía.

Este sistema de pago alternativo, prosigue Varufakis, se hubiera podido "desarrollar como sustituto ante la falta de mercados de deuda pública funcionales", especialmente durante una crisis crediticia como la que afecta a Grecia desde 2010.

De esta forma dice que los agentes del sector privado hubieran podido tener la posibilidad de comprar (pagarés de) crédito en la misma web de la oficina fiscal, usando sus propias cuentas bancarias, y agregarlos a sus cuentas de reserva.

"Estos créditos podrían utilizarse, por ejemplo, al cabo de un año para pagar impuestos con alguna desgravación", precisa.

"Siempre que hubiera un tope al total de (pagarés) de créditos emitidos y su magnitud fuera totalmente transparente, el resultado sería un aumento fiscalmente responsable de la liquidez del Gobierno y un camino más rápido de regreso a los mercados financieros a los que gobiernos como el de Grecia han perdido acceso", señala en el artículo.

La polémica se desató en Grecia porque, para acceder a los datos de los contribuyentes, Varufakis iba a tener que piratear la web de la Secretaría General de Ingresos Públicos, que, sostiene, estaba controlada por los acreedores de la Unión Europea y el FMI.

El plan de Varufakis, diseñado para hacer frente a una eventual asfixia por parte del Banco Central Europeo (BCE) que finalmente ocurrió, no llegó a ser activado, al no ser aprobado por el primer ministro Alexis Tsipras.