Amnistía Internacional ha denunciado los "abusos" que se han cometido en Venezuela a raíz de las protestas de febrero de 2014 y ha acusado al Gobierno de Nicolás Maduro de perpetuar la "impunidad" entre las fuerzas de seguridad y los grupos armados afines a su Administración.
La ONG ha elaborado un informe (Los rostros de la impunidad) en el que, con investigaciones y entrevistas sobre el terreno, pone de manifiesto las dificultades y abusos a los que se enfrentan defensores de Derechos Humanos, dirigentes opositores o la propia población que decide manifestarse contra el Gobierno.
En las protestas desatadas hace un año, perdieron la vida 43 personas y otras 878 resultaron heridas. Las autoridades detuvieron a 3.351 personas de las cuales 27 seguían -a día 2 de marzo- encarceladas. Amnistía Internacional ha documentado cinco detenciones "arbitrarias" en las que no existe "evidencia fehaciente" de la comisión de un delito u orden judicial previa.
De estos tres arrestos "arbitrarios", tres aún continúan: el dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, el alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, y la activista Rosmit Mantilla.