Cerca de un millar de maestros marcharon ayer por la ciudad turística de Acapulco, en el estado mexicano de Guerrero, para protestar por la presunta represión policial que sufrieron el martes pasado, en la que murió una persona y una docena resultó herida.
Los manifestantes, la mayoría miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del estado de Guerrero (Ceteg), protagonizaron un mitin frente a las oficinas de la Policía Federal.
Allí exigieron al Gobierno "la investigación y el castigo" por la muerte del maestro jubilado Claudio Castillo, de 65 años, quien "es un ejemplo de lucha a seguir", dijo uno de los portavoces de los maestros.
Según el Gobierno federal, la causa de su muerte fue atropellamiento, aunque los maestros aseguran estar convencidos de que ello no fue así.
"No le vamos a permitir que ahora nos vengan a decir que el compañero no murió por los golpes directos que sufrió, que no quieran engañar al pueblo, que no quieran engañar a México, que acepten la responsabilidad de la muerte", apuntó el profesor.
Los manifestantes denunciaron que "la represión" policial del 24 de febrero dejó más de 500 maestros y estudiantes lesionados por golpes, de los cuales 200 recibieron atención médica y más de 30 continúan hospitalizados.
Además, los maestros aseguran que once trabajadores de la educación continúan desaparecidos y que cuatro compañeras fueron violadas por agentes de la Policía Federal.
El martes, después de un bloqueo de varias horas de la vía que conduce hacia el aeropuerto de Acapulco y de un infructuoso diálogo con las autoridades, un grupo de manifestantes empujó un autobús contra la valla de agentes federales que resguardaban el acceso a la terminal aérea.
Los agentes respondieron a la agresión con el uso de garrotes y gas lacrimógeno contra los manifestantes, lo que derivó en un enfrentamiento en el que los maestros utilizaron palos, tubos y piedras.
En el día deayer los manifestantes también protestaron para exigir que aparezcan con vida los 43 estudiantes que desaparecieron hace cinco meses en la ciudad de Iguala (Guerrero) a manos de policías corruptos y miembros del crimen organizado.
El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, afirmó que las autoridades del país actuarán con "la ley en la mano" para asegurar "la plena vigencia del Estado de derecho",