Los gobiernos de México, Guatemala, El Salvador y Honduras lamentaron hoy la decisión de un juez federal de Texas (EE.UU.) que suspendió temporalmente las medidas ejecutivas migratorias anunciadas en noviembre por el presidente Barack Obama y que buscan regularizar a más de cinco millones de indocumentados.
Tras el anuncio del juez Andrew Scott Hanen, que instruye la causa de una demanda presentada por 26 estados contra las medidas ejecutivas del mandatario, la Cancillería mexicana dijo hoy que los programas suspendidos "significan un remedio migratorio justo para millones de familias y que podrían potenciar las significativas contribuciones de los migrantes mexicanos a la economía y sociedad estadounidense".
Además, la Administración de Enrique Peña Nieto pidió a la comunidad mexicana residente en EE.UU. mantenerse informada sobre el desarrollo del proceso de revisión de esta decisión judicial "por medio de fuentes oficiales, así como de los 50 consulados".
De los 11 millones de inmigrantes indocumentados que residen en EE.UU., la mayoría son mexicanos, con un total de unos 6,5 millones, según el Centro de Investigación Pew.
Asimismo, el Gobierno de Guatemala, que encabeza el presidente Otto Pérez Molina, lamentó en un comunicado divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) la decisión del juez tejano.
"El Gobierno de Guatemala lamenta profundamente la resolución que suspende la entrada en vigencia de las medidas migratorias aprobadas por el Ejecutivo estadounidense que beneficiarían a la comunidad guatemalteca", manifestó.
La Cancillería del país centroamericano recomendó a los guatemaltecos residentes en Estados Unidos estar atentos e informarse sobre el desarrollo de este proceso y señaló que a través de su red de consulados continuará informando a los inmigrantes del país sobre las acciones que se tomen respecto de la Acción Ejecutiva de Obama.
Según fuentes oficiales, unos 1,8 millones de guatemaltecos residen en EE.UU.
Por su parte, el Gobierno salvadoreño expresó hoy su preocupación en un comunicado de la Cancillería salvadoreña en el que la nación centroamericana también instó a Estados Unidos a buscar pronto "medidas que promuevan estabilidad migratoria para todos los migrantes" en ese país.
Además, se mostró "respetuoso del ordenamiento jurídico interno y de las decisiones de las instancias judiciales de Estados Unidos", sin embargo, "hace votos por la pronta búsqueda de medidas que promuevan estabilidad migratoria para todos los migrantes que se apegan a las normativas estadounidenses y que con su trabajo aportan a la economía de dicho país".
Casi tres millones de salvadoreños residen en el exterior, de los cuales unos 2,5 millones radican en Estados Unidos, según cálculos oficiales.
El Gobierno de Honduras, que preside Juan Orlando Hernández, expresó en un comunicado que "respeta la decisión del juez federal Andrew Scott Hanen", aunque el Gobierno "se muestra aliviado" porque la Casa Blanca apelará la medida.
"A nuestros compatriotas que residen en EE.UU. les invitamos a que mantengan comunicación con nuestros consulados que les brindarán información permanente de cómo evoluciona la situación y ayudarán en el trámite de documentos que se requiera en caso de mantenerse firme la medida del presidente Obama", subraya el comunicado.
La Casa Presidencial de Tegucigalpa recordó que Honduras, Guatemala y El Salvador impulsan la iniciativa Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica integrado por los tres países, para los que Obama solicitó la semana pasada al Congreso de su país 1.000 millones de dólares.
En Estados Unidos viven más de un millón de hondureños que en 2014 enviaron remesas familiares por más de 3.000 millones de dólares.
Andrew Scott Hanen, juez federal del estado de Texas, que instruye la causa de una demanda presentada por 26 estados contra las medidas ejecutivas de Obama, anunció hoy la suspensión temporal de la implementación del decreto.
La decisión del magistrado, con fecha del 16 de febrero, se anuncia en la víspera de que comenzase el plazo de inscripción por el que miles de jóvenes indocumentados podrían acogerse al alivio migratorio de la Acción Diferida (DACA), que posterga por tres años su deportación y les permite obtener un permiso de trabajo temporal.
Aparte de la ampliación del DACA, un plan ideado en 2012 y con el que se ha evitado la deportación de más de medio millón de jóvenes a los que se conoce como "soñadores", las acciones ejecutivas incluyen un nuevo programa que concedería permisos de trabajo a los padres de ciudadanos estadounidenses o hijos con estatus permanente.